La situación encontrada en la CAR Cundinamarca es bien preocupante: muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.

Bogotá, D.C., 18 de julio del 2018

Contraloría encontró hallazgos fiscales por $100 mil millones en 10 Corporaciones Autónomas Regionales. Con $72 mil millones de estos hallazgos, la CAR Cundinamarca se pone a la cabeza del indebido manejo de estos recursos, señala el informe fiscal.

En el primer semestre del presente año se auditaron las Corporaciones más grandes del país, que manejaron recursos por casi $4 billones en 2017. Sin embargo, las irregularidades encontradas muestran una gestión deficiente y pobres resultados en materia de protección ambiental.

Concentración de contratos (un solo contratista llega a tener 24 por casi $8 mil millones), constantes adiciones y prórrogas de los contratos, prevalencia de la contratación directa, bajísima ejecución presupuestal y obras con problemas en sus estudios y diseños, son algunas de las problemáticas detectadas en la CAR Cundinamarca.

A esto se suma que algunas de las obras que desarrolla como parte del Megaproyecto Río Bogotá (la PTAR Salitre Fase I y la PTAR Canoas), no cumplen con los requerimientos técnicos y contractuales.

También se detectaron irregularidades en la CVC, CORTOLIMA, CORPOCESAR, la CRC y la CARDER.

El escándalo en CARDIQUE y la grave situación que se evidencia en la CAR Cundinamarca, así como las debilidades de gestión y el cúmulo de problemas detectados en el resto de Corporaciones auditadas, ponen nuevamente en discusión el tema de su autonomía.

El despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales, como se desprende de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República a 10 de estas entidades en el primer semestre del presente año, precisamente las que manejan los mayores recursos presupuestales, donde se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca.

La situación encontrada en la CAR Cundinamarca es bien preocupante: muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.

También se cuestionan los resultados de las cuantiosas inversiones de esta Corporación en las PTARs de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca), que muestran problemas de estudios y diseños, obras inconclusas o con retrasos.

La preocupación de la Contraloría se extiende al desarrollo de los contratos que se; ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá y a las anomalías que se están presentando en la aplicación de los recursos ambientales, como se amplía con detalle más adelante.

En el caso de otras Corporaciones auditadas por la CGR, se hacen observaciones a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) por invertir en el sistema financiero los billonarios recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca; y se señalan irregularidades detectadas en CORTOLIMA, CORPOCESAR, la CRC y la CARDER, que se precisan luego.

Irregularidades en la CAR Cundinamarca

Para el caso de la CAR Cundinamarca, los hallazgos fiscales superaron los $72 mil millones de pesos.

Esta Corporación tuvo disponible en el año 2017 un presupuesto que ascendió a $1.3 billones de pesos, con una bajísima ejecución presupuestal (que no superó el 18 por ciento).

Adicionalmente, la CGR encontró graves irregularidades relacionadas con los procesos de contratación, así como con las inversiones de recursos económicos realizadas, que fueron puestas en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las normas contractuales colombianas, la Licitación Pública es la regla general para la selección objetiva del contratista; sin embargo, en esta Corporación Autónoma la excepción que es la contratación directa, resulta siendo la que prevalece.

Muestra de ello es que de 7.810 actos contractuales del período 2013 a 2017, el 90,1%, o sea 7.037 de los mismos (por un valor que supera los $1,13 billones de pesos), corresponden precisamente a contratación directa.

La CGR evidenció concentración contractual, como se aprecia en los siguientes casos:

* 29 personas (naturales o jurídicas) concentraron 103 contratos.

* A un contratista se le adjudicaron más de 5 contratos en cuantía de $1.000 millones.

3*A un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones de pesos.

*A un mismo contratista la Corporación le adjudicó 14 contratos por valor de $6.293 millones de pesos, todos en el mismo período de tiempo analizado, donde los beneficiarios actuaban como personas naturales o jurídicas y también conformando consorcios.