La Fundación expresa su preocupación por el ambiente desfavorable que se viene generando para el ejercicio de la labor periodística en el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, tras seguimiento a casos específicos evidenció que periodistas se encuentran en riesgo por el desarrollo de su oficio en la Ciudad Jardín, por actuaciones de funcionarios de la Administración Municipal «Con la Fuerza de la Gente».

Por tal motivo, enviaron notificación escrita al alcalde John Jairo Hortúa Villalba, llamando la atención por la situación de libertad de prensa en el municipio.

La Fundación conoció de una entrevista realizada el 26 de agosto del año en curso y que fue transmitida a través de la página de Facebook del medio Noticias Día a Día en la que el periodista Luis Enrique Hurtado preguntó a Miguel Peña, secretario de Gobierno del municipio, sobre la situación de seguridad en Fusagasugá. Frente a los cuestionamientos, el funcionario realizó una serie de acusaciones nocivas para la libertad de prensa contra los
periodistas que han cubierto el tema. El secretario afirmó que los periodistas “tergiversan la información” y los acusa de “dar información falsa o descontextualizada”.

Adicionalmente, la FLIP recibió información sobre una presunta obstrucción al trabajo
periodístico por parte de funcionarios públicos de la Alcaldía. Los hechos ocurrieron cuando varios reporteros y periodistas realizaban el cubrimiento del desalojo del predio Alcazar II en el municipio.

Finalmente, la FLIP tuvo conocimiento de que el 14 de agosto del año en curso, el periodista Alejandro Castro Guerrero, director del Periódico Digital Fusagasugá Noticias, realizó una publicación en la página de Facebook del medio invitando a sus seguidores a debatir sobre si debería o no adelantarse un proceso de referéndum revocatorio de su mandato como alcalde de Fusagasugá. El mensaje también anunciaba que si se publicaban más de mil comentarios en la publicación, serían invitados analistas políticos para debatir sobre el tema.

En relación a esta publicación, Jaime H. González, secretario de Movilidad del
municipio compartió una publicación en Facebook en la que se acusa al periodista de
“extorsionar a la administración”. Adicionalmente, William Cerquera, miembro de la
Oficina de Juventudes de la administración acusa al periodista a través de su perfil de
Facebook de “censurar la opinión que no le conviene” y de estar al servicio de
“maquinarias políticas”.

Frente a las situaciones relatadas, la FLIP expresa su preocupación por el ambiente
desfavorable que se viene generando por parte de funcionarios y personas vinculadas
a la administración local para el ejercicio de la labor periodística. En ese sentido, la
Fundación le hace un llamado para que desde su cargo como alcalde de Fusagasugá se
tomen las medidas necesarias con el fin de que la administración local garantice el
libre ejercicio de la labor periodística en el municipio.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios
públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un
ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés público. En su
informe anual de 2010, la Relatoría señaló que “una medida de protección simple pero
sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica,
inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

Adicionalmente, la FLIP le recuerda que esta misma relatoría de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos insta a los funcionarios públicos a “abstenerse
de estigmatizar a los periodistas y medios de comunicación (…). Lo cual no significa que no puedan controvertir notas u opiniones con las que disienten. Lo que significa es que tienen que hacerlo de manera respetuosa con la libertad de expresión”.

Por último la Fundación le señala al alcalde y a su gabinete, que tienen la responsabilidad de mostrar mayor tolerancia a la crítica y de expresar sus desacuerdos con la prensa a través de los mecanismos constitucionales disponibles para estos fines tales como la solicitud de rectificación o la solicitud de réplica.

Por: Martha Cobos