El mecanismo que le permite a los municipios buscar fondos en el sistema financiero para respaldarlos con las vigencias futuras de su presupuesto, que antes se conoció como Bonos de Agua o Carrasquilla, revivió con articulo 156 del Plan Nacional de Desarrollo planteado por el Gobierno de Ivan Duque.
Hace nueve años estos instrumentos se mostraron como la única fórmula para financiar proyectos de agua potable y saneamiento en varias regiones del país, pero a los pocos años fueron generando un grave perjuicio económico en 117 municipios.
¿Cómo nacieron los bonos de agua?
De acuerdo con el informe, “en el año 2009, se constituyó el Grupo Financiero de Infraestructura (GFP), conformado por Alianza Fiduciaria (vocero del Patrimonio Autónomo Emisor y prestamista de los bonos) y Konfigura Capital Ltda., con el fin de establecer mecanismos financieros para ejecutar proyectos departamentales y municipales de agua potable y saneamiento básico, contenidos en los Planes de Desarrollo de los entes territoriales”.
Esto significa que los recursos de los préstamos, ese patrimonio autónomo, provinieron de recursos que logró conseguir Alianza Fiduciaria por medio de sus diferentes clientes e inversionistas (como funcionan normalmente las fiducias). El documento del Ministerio de Vivienda agrega que “el monto del crédito y sus condiciones fueron acordadas por las entidades territoriales y el patrimonio autónomo emisor y prestamista (la Fiducia)”.
Esto confirma que las tasas de los préstamos sí fueron pactadas, al igual que las condiciones de pago. De hecho, se dio “la instrucción irrevocable de giro directo comprometiendo, durante 19 años, un porcentaje de los recursos del Sistema General de Participación y como consecuencia de esto, se transfirió la asignación comprometida al patrimonio autónomo que constituyó cada entidad territorial para garantizar el pago de la deuda”.
Asimismo, el contrato que cada municipio suscribió pactaba “cinco años de gracia (libres de pago) y catorce años de amortización (de pagos), bajo una tasa UVR+11 % efectiva anual (EA), sin posibilidad de pagar anticipadamente la deuda”. Lo que implica que los bonos no soportaron ni su primer año de pagos, ya que fue en 2014, cinco años después de la emisión de los primeros bonos, que Findeter tuvo que intervenir al comprar esta cartera que se estaba deteriorando.
¿Cuánto dinero fue?
El informe del Ministerio de Vivienda da cuenta de que “entre diciembre de 2009 y mayo de 2011 se realizaron cuatro emisiones de bonos por un valor de $440.000 millones aproximadamente, en 117 municipios que comprometieron en promedio el 45 % de los recursos del Sistema General de Participación a los que accedían (los porcentajes oscilan entre 16 y el 85 %)”.
Entre los casos que sobresalen están los de los municipios Bello (bonos por $28.112 millones) y Caldas ($6.851 millones en bonos), en Antioquia, que comprometieron el 85 % de sus recursos en el Sistema General de Participación.
¿Cómo les fue a los municipios con los bonos?
El Ministerio de Vivienda visitó los 117 municipios que accedieron a los bonos de agua y los hallazgos no fueron nada alentadores. De hecho, solo 64 de estos incluyeron dentro de los Planes de Desarrollo 2008- 2011, o en otros documentos de planeación, los proyectos del sector a ser financiados con los recursos del crédito.
El informe encontró que “40 municipios presentaron riesgos frente al uso de los recursos que podrían afectar la prestación de los servicios públicos o constituyen desviación o uso inadecuado de los recursos”. Asimismo, “en 65 municipios se encontró que existe la posibilidad de riesgo frente al uso de los recursos y a la funcionalidad de las obras, si no se toman las medidas pertinentes”.
Además, el documento advierte que “si bien se encontró que en 29 municipios las obras están terminadas y son funcionales, tan sólo en 12 municipios se comprobó que los recursos cumplieron con el fin para el cual fue tramitado el crédito y se hizo una adecuada ejecución de estos”. Es decir, el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento.
