«Es una herramienta legal, obligatoria y necesaria», sostiene el gobernador de Cundinamarca.

Por: Alejandro Castro Guerrero

De acuerdo con la información entregada en comunicado a la opinión pública por parte de los líderes de la movilización, el mandatario de los cundinamarqueses ha señalado en redes sociales que el Catastro Multipropósito es una herramienta legal, obligatoria y necesaria. Por su parte los manifestantes exponen sus motivos y reiteran las solicitudes a los gobiernos Nacional y Departamental. Además sostienen que la movilización será de carácter nacional tras recibir varios apoyos de algunas otras regiones del país en donde ocurrieron irregularidades en la implementación de la norma.

  1. Respecto a las declaraciones que ha realizado el señor Gobernador de Cundinamarca en redes sociales y medios de comunicación a que el Catastro “es una herramienta legal, obligatoria y necesaria”, nos permitimos aclarar lo siguiente:
  • Hemos manifestado que estamos a favor del Catastro Multipropósito como un servicio y política pública que se debe prestar con Calidad, Transparencia y Equidad Social. Que es una herramienta fundamental en la planificación de los territorios, acorde a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
    • Sin embargo, existe una grave distorsión entre Avaluó Catastral que es un elemento del Catastro Multipropósito y el Impuesto Predial que se calcula con dicho avalúo, con lo que se ha especulado “se afectarían las finanzas de los municipios”. Los Municipios aumentan los ingresos del impuesto predial cada año de acuerdo a su Estatuto Tributario, a pesar de que el Avaluó Catastral no se haya actualizado en 20 años o más, con lo que los recursos de libre destinación vienen siendo presupuestados acorde al incremento de las tasas año a año. Esto es la responsabilidad de los Concejos Municipales y las Alcaldías. Por lo tanto, la tesis de que “los municipios se desfinanciarían sin la actualización catastral”, no es cierta.
    • Respecto a la afirmación de que “No es una opción renunciar a este mecanismo por parte de los municipios y mucho menos es viable pretender que los que ya la han aplicado reversen sus efectos integrales”, a decir, la aplicación de un mandato Constitucional y de Ley, no implica que sea obligatorio aceptar la imposición de un avalúo catastral mal hecho, lleno de irregularidades y con serias inconsistencias en los procedimientos técnicos y jurídicos, que es a todas luces lo que fundamenta esta movilización social, sin pretender que los municipios renuncien «al mecanismo».

Las peticiones, quejas y reclamaciones de los ciudadanos se han convertido en meras cartas para la estadística de atención de la ACC, aunque son apenas la muestra de una grave situación generada por los avalúos antitécnicos, toda vez que el problema radica en la generalidad de todo el proceso de avaluó y no en la individualidad de cada predio como lo han querido vender desde la Gobernación, la Agencia Catastral, Alcaldías e IGAC, para justificar su adopción irreversible.

  • Limitarse a decir en los medios que “hemos escuchado las preocupaciones de los ciudadanos. Nos comprometemos a revisar el proceso de implementación del Catastro Multipropósito y a buscar las soluciones que beneficien a todas las partes involucradas” es mantenerse en la negación y no aceptar que se equivocaron y que entregaron a los municipios productos catastrales NO CONFORMES que no cumplían con lo establecido en los convenios, con lo que las nuevas bases catastrales quedaron destruidas y los avalúos antitécnicos, irreales, especulativos y realizados por personas inexpertas que equipararon las realidades territoriales a la ciudad capital y al ser aplicados por las administraciones municipales pusieron en riesgo la sostenibilidad financiera de los municipios y a los ciudadanos en su patrimonio personal y familiar convirtiéndolos en millonarios e inmovilizando el mercado inmobiliario creando una burbuja de la cual no se liberaran hasta que se rehagan integralmente esas actualizaciones catastrales. La cifra del 83% de atención a las reclamaciones, es una estadística que busca desvirtuar y diluir el problema de fondo, toda vez que son ineficaces frente a la magnitud de dicho problema, por lo que insistir en jornadas de atención al ciudadano y puntos de atención es seguir vulnerando la confianza legitima de los ciudadanos en el Estado y postergando la solución definitiva que se debe dar.

  • Hacer mesas de dialogo en las cuales la ciudadanía desesperada va a escuchar un monologo de la Agencia Catastral en la cual no admiten errores, es seguir siendo instrumentalizados por la Gobernación para desinformar a la ciudadanía y permitir que sigan abusando de buena fe de las personas y obligándolas a reconstruir la información cuando ya se la pago a los operadores con recursos públicos para que lo hicieran durante la actualización.

Resolver los problemas de la implementación es el resultado de corregir los errores cometidos con las comunidades que padecieron el proceso de aprendizaje, pero no resuelve de manera definitiva las situaciones irregulares que se han denunciado y que tienen afectados a los municipios que se han manifestado de forma masiva, al haber logrado soluciones reales.

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Insisten los quejosos, en que «Las arbitrariedades e irregularidades de los Gestores Catastrales ponen en riesgo la seguridad jurídica y económica de la propiedad privada, el desarrollo del ordenamiento territorial y las finanzas de los municipios; También, amenazan a la población rural productiva determinando el fin del relevo generacional del campo, desconociendo al campesinado poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país, convirtiendo en inviable la reforma agraria justa y equitativa en cumplimento de los compromisos del proceso de paz de interés prioritario de este Gobierno del cambio».

Y, por último indican que, las personas agredidas por la Policía se encuentran en buen estado de salud, en especial el padre de la líderesa de Villeta, víctima por parte de los uniformados que utilizaron fuerza desmedida en contra de adultos mayores y personas indefensas que se manifestaban pacíficamente. Dos de los lideres de la movilización en Facatativá fueron detenidos por los policías de manera arbitraria y sistemáticamente intentaron apresar y esposar a los lideres del Comité de Paro en todos los puntos de movilización, con el objetivo de acallarlos y atemorizarlos, según lo afirmado por los mismos policías, “recibieron la orden de la Gobernación de reprimir estas movilizaciones a como diera lugar”, como consta en las fotografías y videos que se han publicado, y que se adjuntaran a las respectivas denuncias ante las entidades y los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, pidiendo protección para los lideres sociales que conforman este Comité Departamental de Paro, toda vez que fueron amenazados y corre grave riesgo su integridad.

Aquí el documento de las peticiones.