No hay calle de Bogotá adonde no se nos arrime algún jayanazo a pedirnos plata con un bebé en los brazos y con dos o tres niños más brincando en los andenes.

Por Carlos Alonso Lucio

Qué sentido tiene repetir las historias macabras de la explotación infantil para el negocio de la mendicidad, si ya todos sabemos que detrás de esas caras hipócritamente pordioseras se esconden unas mafias brutales que se aprovechan de la degradación de unos delincuentes que decidieron vivir de parir niños para usarlos como instrumentos de chantaje moral a la sociedad.

Todo esto a plena luz del día y a plena penumbra de las frías noches bogotanas. Todo esto en medio de la gente que va de un lado a otro, al lado de los policías que están en la esquina, de los jueces que van al juzgado, de los burócratas de Bienestar Familiar que van a cobrar el sueldo, de los políticos que van a conseguirles puesto a sus vecinos en Bienestar Familiar.

-¿De qué carajo sirven las leyes si nadie está interesado en hacerlas cumplir?

Para defender a nuestros niños no hace falta una coma más de ninguna ley. Está el artículo 44 de la Constitución, está el Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006, está la ley 2168 de 2021 que llega, incluso, a castigar con 30 años de cárcel al delincuente que alquile niños para la mendicidad.

Y aquí nadie hace nada. Como si nadie viera en cada semáforo la comisión constante de delitos contra nuestros niños.

Sí señ@r: nuestros niños. En una sociedad respetable, todos somos responsables de los niños. En nuestro país es una obligación moral y un mandato constitucional. Cada vez que es violado o violentado un niño, es violado o violentado un niño nuestro.

Una de las más grandes conquistas civilizadoras de la historia es la consagración universal de los derechos de los niños como derechos prevalentes. Es decir que cuando se presenta alguna contradicción entre el derecho de un niño frente al derecho de un adulto, siempre deberá optarse por priorizar la defensa del derecho del niño. Sin embargo, aquí los gobiernos tratan los asuntos de los niños como asuntos de segunda. Aquí no importa a quién se nombra en Bienestar Familiar ni a quién se nombra rector del colegio. La experiencia de los últimos años muestra que en las instituciones destinadas a los niños parecieran ser más importantes los contratos que los niños.

Y la sociedad, también, como si nada.

Pasamos al lado del jayanazo con el bebé en los brazos y miramos para otro lado y otras veces pasamos por el lado del jayanazo y le damos la limosna, creyendo que con eso hacemos algún bien.

¿Por qué nos resistimos a entender que cada vez que damos esa limosna estamos revictimizando al niño?

¿Por qué nos resistimos a entender que esa limosna no va para el niño sino para los delincuentes que explotan al niño?

¿Por qué nos resistimos a entender que cada vez que damos esa limosna no hacemos más que estimular el crecimiento de esas mafias y la degradación de esos delincuentes que se dedican a parir niños para el negocio de la mendicidad?

En estos tiempos que vivimos los colombianos, si los ciudadanos no aprendemos a defendernos y a defender nuestros derechos, estamos llevados del diablo. En este país nadie está defendiendo a los ciudadanos.

Aquí el Estado se lo tomaron los políticos por completo y los políticos no trabajan sino para ellos. Que nadie se haga ilusiones.

Aquí los ciudadanos tenemos que rescatar al Estado de las fauces de los políticos y hacer hasta lo imposible para obligarlo a que cumpla con sus obligaciones.

-En eso consiste la tarea que hoy tenemos.

Tenemos que aprender a hacer uso de las herramientas de acción ciudadana que tenemos en la Constitución y que las tenemos, prácticamente, sin estrenar.

Yo me comprometo a reunirme esta semana con un grupo de amigos juristas para adelantar una Acción de Cumplimiento (Art. 87 CP) que obligue al gobierno nacional y al gobierno de Bogotá a que cumplan con su obligación de defender a nuestros niños de la explotación que padecen en las calles de nuestra ciudad.

Si no lo hacemos nosotros, aquí nadie nos defiende ni de los políticos ni de las organizaciones criminales.

Así están las cosas.

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