Como parte de la estrategia del presidente Iván Duque para atacar las bandas de microtráfico y proteger lugares de educación y recreación de los niños, se facultará a la Policía Nacional para incautar la dosis mínima de droga en espacios públicos.

En el documento se explica que los uniformados tendrán la potestad de decomisar cualquier dosis de sustancias como marihuana y cocaína, además de hongos alucinógenos y todo tipo de estupefacientes.

La Ley 30 de 1986, denominada Estatuto Nacional de Estupefacientes, estipula que la dosis mínima para la marihuana son 20 gramos; para el hachís, cinco; cocaína o cualquiera de sus derivados, uno; de metacualona, dos.

Así mismo, en esta norma se aclara que una dosis terapéutica es la cantidad de droga que se le recetó a un paciente médico como parte de un tratamiento. Sobre sustancias sintéticas no se ha legislado, por lo que las autoridades pueden incautar cualquier cantidad que encuentren.

«La nueva normativa ayudará en la lucha contra las drogas al autorizar el decomiso de sustancias sin tener dudas por la cantidad portada«, señalan algunos juristas.

Añaden que actualmente un policía puede hacer control al consumo de drogas mediante la incautación y la destrucción de las sustancias gracias al artículo 140, numerales 7 y 8, de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía).

Sin embargo, “hay discordancia en la aplicación porque algunos consumidores vienen manifestando que lo que portan es dosis personal, por eso ahora el decreto del Presidente le otorga a la Policía facultades de decomiso sin importar que el ciudadano sea consumidor, adicto o que tenga aprovisionamiento de drogas para su supuesto consumo”.

La tesis de dosis de aprovisionamiento fue acuñada por la Corte Suprema de Justicia, que estableció este término para las personas que pueden exceder el porte de la cantidad mínima si comprueban que son adictos.

Sin embargo, el alto tribunal no estableció un tope para este aprovisionamiento, lo que ha dejado un vacío para que los ‘jíbaros’ circulen por las calles con dosis que superan la mínima sin poder ser detenidos.

Una de las preguntas que ha trascendido, luego del anuncio del nuevo decreto sobre el decomiso de cualquier dosis mínima, es quién tiene la última palabra sobre cuándo una persona consume droga por adicción y cuándo esta hace parte de redes de microtráfico.

“Los análisis probatorios de si es o no adicta la persona a la que se le encuentre la droga los tienen que hacer los inspectores (de Policía), esto para determinar si es viable o no devolver el elemento decomisado”, manifiestan juristas.

Tras las polémica que desató el anuncio la semana pasada, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha aclarado que se trata de una medida administrativa que pretende sacar la droga de las calles y que no está enfocada en hacer detenciones indiscriminadas.

Además de tratarse de un adicto que haya sido diagnosticado, este tendrá la oportunidad de mostrar documentos que certifiquen su condición; o sus padres podrán comunicárselo a los uniformados para devolver el estupefaciente decomisado.

“Una medida contra el microtráfico”

Algunos analistas se preguntan si la normativa que prepara el Gobierno se ajusta a la Constitución, esto por una posible afectación al libre desarrollo de la personalidad que la Corte Constitucional amparó en 1994 al aprobar la dosis mínima. Un pronunciamiento que desde entonces ha dividido posturas en la opinión pública.

Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa del Gobierno es apropiada para enfrentar esta problemática y no afecta los derechos individuales.

«Creo que es un decreto bien intencionado. Lo que busca no es reversar la permisión de la dosis mínima que garantizó la Corte Constitucional, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, y la jurisprudencia de la Sala Penal de ese tribunal que considera que el consumo no debe penalizarse. Aquí lo que se pretende es combatir el microtráfico, porque este país se volvió consumidor y algunos se valen de que la dosis mínima está despenalizada para ir a las universidades, los colegios y los parques y quedar impunes en la comercialización de estupefacientes”, opina el jurista.

El general (r.) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, es otro de los que celebra la medida porque facilita la acción de las autoridades, al menos, en lo que tiene que ver con la reducción de la presencia de drogas en las calles.

“Le hacen un gran favor a la Policía levantando el tema de la dosis mínima, porque así le facilitan el trabajo. El policía no puede ponerse a negociar con el enfermo qué cantidad es la que lleva en el bolsillo. Además, la mayoría de los ‘jíbaros’ se amparan en este tema para estar comercializando droga a lo largo y ancho de las ciudades. Con el cuentico de que “es mi dosis mínima” están moviendo todo el día droga de un lugar a otro. Estamos inundados de microtráfico en todas las ciudades”.

Además, el general Gilibert solicitó al Gobierno aplicar nuevas ideas para combatir el ‘narcomenudeo’. “Todas las herramientas que le dan a la Policía para luchar contra el narcotráfico son válidas, necesarias y urgentes. No podemos permitir que la calle esté llena de estupefacientes y se permita su comercialización bajo la dosis mínima”.

Opina la Alcaldía de Fusagasugá

Jholman Javier Rodríguez Parales secretario de Gobierno y Seguridad del municipio de Fusagasugá señaló en conversación con los periodistas de Fusagasugá Noticias que le gusta la medida del Gobierno Nacional no solo como funcionario público sino como ciudadano, pero señaló que esa iniciativa debe ir con otra clase de herramientas porque solamente así no se puede combatir el microtráfico.

«El Gobierno debe fortalecer la Justicia para que estos delincuentes no terminen de nuevo en las calles haciendo de las suyas«, dijo.

Anunció la instalación de más de cien cámaras de vigilancia, la entrega de 15 motocicletas antes del 31 de diciembre de este año para apoyar la seguridad ciudadana, la puesta en funcionamiento de 12 carabineros adicionales y el acompañamiento del Ejército en los patrullajes urbanos y rurales de manera continua.

También puntualizó que les entregarán radios de comunicación con su respectiva antena a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal rurales para que tengan comunicación permanente con los comandantes de Bomberos, Policía y Ejército.

Fuente El País