A mediados de 2018 se promulgó una ley (la 1905) que no cayó muy bien entre algunos estudiantes de Derecho. Impulsada por Angélica Lozano (Alianza Verde), Germán Navas Talero (Polo Democrático), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Germán Varón (Cambio Radical), que buscaba crear un examen especial que deberían presentar los estudiantes de derecho antes de graduarse.
La idea no era otra que remediar un grave problema: el exceso de abogados mal preparados.
Aunque la Ley fue aprobada en el Congreso, pronto generó disgustos. Una persona decidió demandarla ante la Corte Constitucional porque, a sus ojos, se estaba vulnerando “el derecho a la igualdad de los nuevos estudiantes”.
La nueva normativa, advertía, solo cobijaría a los futuros graduandos, mientras los que ya ejercen su profesión no debían presentar ninguna prueba.
De acuerdo con el Observatorio de la Universidad, el Alto Tribunal resolvió hace unos días esa duda. En la Sentencia C-138 recordó el rol esencial que tienen los abogados en la sociedad.
“La conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales, así como también poner en entredicho la vigencia de principios constitucionales de interés general, orientadores de la función jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe”, dice el fallo citado por el Observatorio.
A los ojos de la Corte, el requisito que exige la Ley 1905 de 2018 se ajusta a la Constitución. Por lo tanto, el examen puede ser aplicable para quienes inicien la cerrera de Derecho después de que fue promulgado ese documento.
La idea es que antes de que se gradúen, además de las usuales pruebas Saber Pro que lleva a cabo el Icfes, los universitarios demuestren sus conocimientos aprobando ese examen que debe ser elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura. De no lograrlo, no se les otorgará la respectiva tarjeta profesional y, por ende, no podrán ejercer como abogados.
“Uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando de las facultades de Derecho del país. No hay que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las faltas que estas personas cometen, muchas veces, son ocasionadas por vacíos en su formación”, había dicho hace un año el representante Germán Navas Talero.
Fuente: El Espectador
