Las Fuerzas Militares insisten que la operación fue legítima y en el marco del DIH.
Ante la nueva información las Fuerzas Armadas negaron detalles de lo que se cuenta en la emisión del noticiero.
El informativo envío a un periodista a San Vicente del Caguán, exactamente a la vereda de Aguas Claros II, quien recorrió el lugar dónde cayeron las bombas. Allí la comunidad lanzó serias acusaciones sobre la operación militar.
Un habitante afirmó que debajo del terreno, lleno de cráteres que dejó la explosión de las bombas, aún hay cuerpos. Lo más grave que dijo la comunidad fue que murieron más de 8 menores, que las víctimas letales menores de edad serían entre 16 y 18, y que “tres de ellos fueron acribillados por el Ejército luego de que salieron heridos del lugar“, comentó el periodista.
Ante las acusaciones el Ejército Nacional a través de un comunicado negó que se hubieran presentado “persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual”.
Y dejaron en claro que solo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muerte y plenas identidades de los occisos y sus edades biológicas.
Respecto de informaciones publicadas la noche anterior, relacionadas con la operación adelantada el 29 de agosto en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, las @FuerzasMilCol se permiten informar que: pic.twitter.com/SjOqzCYyp9
— Fuerzas Militares Co (@FuerzasMilCol) November 12, 2019
En la misiva, la Institución Militar asegura que pusieron a disposición de las autoridades competentes, el personal, la información, documentos y material relacionado con la operación, para el desarrollo de las investigaciones.
“Se tiene plena confianza en las investigaciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, y esperamos que los resultados se den a conocer de manera oportuna a la opinión pública, para evitar que continúen especulando respecto de la actuación de los integrantes de la Fuerza Pública en la operación”, comentó el Ejército.
Insisten que la operación en la que murieron menores de edad fue “legítima, legal y en el marco
del Derecho Internacional Humanitario”.
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