Hablar se la situación penitenciaria en Venezuela es un reto. Las principales cárceles de la Nación, no tienen ley ni autoridades que ejerzan control.

La norma es impuesta por pranatos que se apoderan de las instalaciones destinadas a purgar condenas, incluso dentro de ellas, los mismos oficiales policiales están bajo las órdenes de los altos mandos delincuenciales.

El preámbulo sirve para informar que este viernes se produjo un motín en la Comandancia General de la Policía en Acarigua, del  estado Portuguesa, territorio ubicado en  la región llanera de Venezuela, donde 29 personas perdieron la vida y otras 19 resultaron heridas, dentro de estas se cuentan a funcionarios de seguridad y visitantes.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y dentro de tal contexto las garantías de los internos,  responsabilizó de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios,  en cabeza de la ministra,  María Iris Varela.

El OVP ha denunciado una «masacre» en el lugar y asegura que todos los fallecidos eran prisioneros y que cayeron luego de que  las  Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), accionara sus armas contra los privados, presuntamente para evitar una fuga masiva. 

Sin embargo, los familiares que han permanecido a las afueras de la Comandancia Municipal de Acarigua, a la espera que les den respuesta de los muertos; aseguran que en el sitio los internos se alzaron por las precarias condiciones en las que los tenían, incluso denunciaron que por la cruda realidad carcelaria, estos comían desde roedores, animales cuadrúpedos como perros y gatos que ingresaban al lugar, maleza y en casos extremos, papel de desecho para saciar el hambre.

Hasta ahora ninguna autoridad ha ofrecido públicamente más detalles sobre el caso.

No es la primera vez que ocurren este tipo de sucesos

El 29 de marzo de 2018 se registró uno de los motines más graves de Venezuela en el último cuarto de siglo. Se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo (norte), donde 68 personas perdieron la vida en el incendio desatado tras la reyerta.

Cerca de una decena de disputas carcelarias han dejado decenas de fallecidos en el país en la última década, cuando se inició la peor crisis económica.

El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.

Redacción: Fusagasuga Noticias