Por: Henry Amorocho Moreno

Un reciente informe sobre la última encuesta pulso país de Datexco, realizada entre el 4 y el 17 de Junio/21; arrojó una serie de resultados que son el fiel reflejo de la cruda realidad nacional; dentro de estos resultados que, no me sorprenden como analista; se encuentran los siguientes:

1) Desaprobación de la gestión del Presidente Duque del 79%.

2) Desaprobación de la gestión de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y de la Corte suprema de justicia en más del 60%.

3) Aprobación de la gestión del Congreso en solo un 10%.

4) Imagen desfavorable de la fuerza pública del 76%, de la Procuraduría General de la nación del 68% y de la Fiscalía General de la nación del 71%.

5) Ningún Ministro superó la calificación de 3.0.

De lo anterior se colige que, la población Colombiana percibe un Estado fallido, en todas las esferas de la vida pública nacional; por razones como la inefectividad de la gestión gubernamental, la alta corrupción, la mala administración de la crisis económica y fiscal ocasionada por la Pandemia; y el pésimo manejo del orden público en los recientes y actuales tiempos de protesta social y pandemia.

Por otra parte, en la presentación del marco fiscal de mediano plazo para el 2021, se observa que, el gobierno nacional requiere necesidades de financiamiento por $134 billones para el año 2022( 12.1% del PIB); compuestos por un déficit a financiar de $95.7 billones (8.6% del PIB); Amortizaciones por $18.9 billones (1.7% del PIB) y pago de obligaciones por $ 8.6 billones ( 0.8% del PIB). De la misma manera, el déficit de financiamiento de 2022, se espera cubrir con crédito interno del orden de $ 84.2 billones ( 7.6% del PIB); y $49.7 billones de crédito externo correspondiente al 4.5% del PIB; lo cual dejará a nuestra deuda externa en un preocupante nivel del 65.5% del PIB.

Todo lo precedente deja claro que, urge una reforma tributaria estructural nacional y territorial; para darle sostenibilidad, equidad y justicia al sistema tributario y de hacienda pública nacional y territorial. Puesto que, los $66.3 billones de exenciones, descuentos y otros que, dejaron de pagar en 2020 personas jurídicas y empresas, impulsaron el déficit fiscal, las crecientes necesidades de financiación y la multiplicación del crecimiento de la deuda que hoy, atenta en grado sumo contra la sostenibilidad de las finanzas públicas y la atención de futuros choques internos y externos; como los causados en la actualidad por la pandemia, el paro y los bloqueos que aún no terminan.

Asimismo, complementamos que, a contrario sensu del optimismo del gobierno nacional y de algunos gremios, con respecto al rebote del 6.9 % en el crecimiento económico acumulado en el primer cuatrimestre de 2021; lo que observamos es que el efecto base tomado con fundamento en la parálisis de un año atrás, va quedar menguado con la baja en el consumo del mes de mayo/21, como recientemente lo ha expresado el Director del DANE. Igualmente, si queremos ver resultados positivos del rebote de crecimiento económico tenemos que colocarle dinámica a la ejecución rezagada del gasto público de 2021, tanto del gobierno nacional, como del sistema nacional de regalías; e identificar fuentes de ingresos permanentes para reducir el déficit fiscal, en la reforma simple que, se tramitará por el presente gobierno a partir del 20 de Julio de 2021, con mensaje de urgencia al Congreso; y la reforma tributaria estructural que, debería tramitarse a más tardar, desde el 16 de Febrero de 2023, por aquel a quien le corresponda ser Presidente de la República, en el periodo constitucional 2022-2025.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo expresado al inicio del presente artículo, advertimos que, si la nación Colombiana no se hace presente en las urnas a votar por personas distintas a las que nos han venido gobernando y representando con tan nefandos resultados en los distintos niveles del Estado, en los poderes públicos, y los órganos de control; tendremos no solo un Estado fallido, sino también, en alto riesgo a nuestra democracia. Por tanto, se requiere que, votemos por gente nueva, preparada profesionalmente, que conozca el país, la administración de lo público y que estén también respaldadas por sus valores éticos y morales y por rutas objetivas de desarrollo, bajo el referente de Reformas estructurales integrales, de cara y de frente con lo colectivo; en lo tributario, pensional, laboral, planeación, presupuesto, salud, educación, administrativo, electoral y justicia entre otros trascendentales temas de nuestra vida nacional.