Esto ocurrió con mesadas otorgadas a personas que no tenían el derecho a disfrutarla, explicó la vicefiscal. Hay magistrados, jueces y abogados involucrados.
«Para que se hagan una idea, un billón de pesos fue el monto anunciado en octubre del año pasado como partida adicional para el Presupuesto de la Educación Superior para los próximos dos años. Un billón de pesos es lo que se ha recaudado en Bogotá por 900 mil inmuebles que pagaron el predial. Un billón de pesos es el presupuesto de inversión para un departamento como Córdoba. Un billón doscientos mil millones de pesos, fue el presupuesto del Plan de Reconstrucción de Mocoa», señaló María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación.
Uno de los casos más sonados lo protagonizaron dos exmagistrados del Tribunal Superior de Cúcuta que ordenaron a Ecopetrol pagar 134 mil millones de pesos en pensiones fraudulentas. Los dos fueron condenados a 21 y 22 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia.
Otro caso se dio en Valledupar con falsos enfermos mentales que generaron una defraudación por 90 mil millones de pesos.
«¿Y cuáles han sido las consecuencias de esto? Que las pensiones que hoy se pagan, se pagan con cargo a los impuestos de todos los colombianos, estos cargos al presupuesto se han vuelto insostenibles», indicó Riveros.
Detrás de la trampa no solo se han detectado magistrados, también, según la Fiscalía, hay jueces, abogados tramitadores y maestros que se han beneficiado alterando su edad, por ejemplo, para obtener una pensión por vejez.
Solo el año pasado, reveló el ente investigador, se requirieron cerca de $17 billones para pagar más de 1.300.000 mil pensiones y al menos un tercio de esta suma salió del presupuesto nacional.
Fuente: Noticias Caracol
