El gran reto para la provincia de Sumapaz, según coinciden varios de sus pobladores, tiene que ver con el reconocimiento del campesinado en la región.
Por Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional
En la provincia de Sumapaz habitan más de 200.000 habitantes distribuidos en 10 municipios, estas personas dependen del páramo para su abastecimiento de agua, sin contar el gran porcentaje de la Bogotá rural que también depende de estas aguas. Aun así, proyectos de hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, y agricultura intensiva son amenazas que se ciernen sobre el páramo; mientras comunidades, administraciones y empresas privadas se disputan este importante ecosistema.
La provincia es además parte del complejo corredor que conecta los páramos Cruz Verde y Sumapaz, en un entorno con condiciones ambientales extremas, suelos ácidos y oscilaciones de temperatura muy fuertes, que alojan gran diversidad de especies entre las cuales están, por ejemplo, venados cola blanca y frailejones que hacen de esta región un santuario de fauna y flora único.
En el Atlas de Páramos de Colombia se puede ver que debido a las particularidades geológicas de la Cordillera Oriental, en la que se encuentra la provincia de Sumapaz, además del gran potencial hídrico existen yacimientos de petróleo, materiales para la construcción, piedras preciosas y otros minerales. Sin embargo, esta situación aparente de riqueza, es el centro de las disputas históricas que han dado los diversos actores que habitan o tienen algún interés en la provincia.
El anuncio de la delimitación del páramo de Sumapaz realizado por el presidente Juan Manuel Santos pretende responder a un llamado que durante años venían haciendo comunidades y expertos, y que si bien debe analizarse con profundidad e incluir lo que piensan los diversos actores que hay en el territorio, podría verse como una de las muchas formas de blindar el páramo frente a varias actividades que amenazarían la diversidad ecosistémica y cultural ya mencionada, entre las que se encuentran por ejemplo los bloques petroleros COR 33 y COR 4, cuya presencia en la zona ha generado entre las reacciones más visibles, consultas populares en varios municipios de la provincia.
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Los proyectos petroleros mencionados son noticia desde hace varios meses, pues de realizarse tendrían impacto sobre varios de los municipios entre los que se encuentran Arbeláez, Fusagasugá, Pandi y San Bernardo. Sin embargo, los de hidrocarburos no son los únicos proyectos extractivos que rondan el páramo. Desde 2015 en la Caracterización Socioeconómica y Cultural del Complejo de Páramos Cruz Verde-Sumapaz, el Instituto Humboldt y la Universidad Externado de Colombia ya advertían sobre la explotación minera en Choachí y de varios bloques petroleros que estaban disponibles para concesión en cercanías al páramo e incluso en el área del Parque Nacional Natural Sumapaz.
En esa misma línea, hace algunos años fue noticia la intención que tuvo Emgesa de construir ocho microcentrales eléctricas en los municipios de Pandi, Venecia y Cabrera a lo largo de 50 kilómetros del río Sumapaz.
Como se puede ver, son múltiples las actividades extractivas que se pretenden realizar alrededor e incluso al interior del páramo más grande del mundo y en cercanías de comunidades que consideran que se les quiere imponer una vocación distinta a la tradicional.
Los gobiernos locales también ponen en discusión la pertinencia de los proyectos minero energéticos en la región. Un ejemplo de ello es el alcalde de Pasca, Carlos Muñoz, quien apoyó con vehemencia la consulta popular promovida por Corpocuja y otras organizaciones sociales, y que recientemente fue suspendida por el Consejo de Estado. “Tenemos 480 años de historia y siempre hemos vivido de la agricultura, no sabemos hacer nada más, no hay vocación minera”, asegura el alcalde.
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Ahora bien, a pesar de la tradición agrícola de la región, no se puede desconocer que las actividades agropecuarias que se desarrollan en el complejo Sumapaz – Cruz Verde también generan impactos ecosistémicos importantes. De acuerdo con la caracterización del Instituto Humboldt, en las zonas más altas (es decir, las que colindan con el páramo) las actividades son principalmente siembra de papa y ganadería. La siembra de papa, en particular, ha aumentado entre 30% y 40% desde que existen las vías que unen al páramo con Bogotá y que facilitan su comercialización.
¿Cómo conciliar los intereses de las empresas y el gobierno nacional, con las necesidades de los campesinos y los gobiernos locales, en medio de este ecosistema estratégico? Para el sector petrolero la respuesta es clara y se refiere a los dividendos que puede dejar la industria minero energética. Un ejemplo de ello es la tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) ante el Consejo de Estado, referida a la consulta popular en el municipio de Pasca frente a las actividades relacionadas con hidrocarburos.
En la tutela, Acipet sostiene que “la industria petrolera lleva más de 100 años generando crecimiento y desarrollo económico para el país, de la mano de las buenas prácticas operativas, sociales y ambientales; y hasta la fecha, no ha acabado con ningún municipio, ni destruido páramo alguno del país” y menciona que “la comunidad del Municipio de Pasca adolece de falta de información sobre la muy destacable corriente de beneficios que cada región recibe de la industria petrolera”.
Para Patricia Rodríguez, presidenta de la Fundación Nuestro Páramo, la región ya conoce los efectos de las actividades mineras, puesto que desde hace años se realiza la extracción de arena de sílice, lo cual afirma les ha traído la contaminación de fuentes hídricas. Por este motivo, para Patricia la posibilidad de que se realice exploración y explotación de hidrocarburos en la región, significaría un impacto adicional sobre el abastecimiento de agua de Fusagasugá y los demás municipios de la provincia, sobre todo si se tiene en cuenta que existe la posibilidad de que se pongan en marcha técnicas no convencionales como el fracking.
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Ante estas diferencias de opinión la pregunta que aparece en la mesa es una vez más, es ¿quién debería decidir el futuro de los territorios?. El gran reto para la provincia de Sumapaz según coinciden varios de sus pobladores, tiene que ver con el reconocimiento del campesinado en la región; pues muchos de quienes habitan tanto la provincia de Sumapaz, como la zona rural de Bogotá que bordea el páramo, son campesinos que no pueden dejar de tenerse en cuenta en la planeación del territorio. Como dice Donaldo Larrota, del Colectivo Ambiental Guacana, en Arbeláez, “es el hecho mismo de reivindicar el orgullo de ser campesino, y empezar a trabajar en pro del campesinado, en equilibrio con el cuidado del medio ambiente. Seguirnos capacitando, seguir aprendiendo y empezar a andar esa articulación con el campo”
Para la docente Ivonne Palomino, del Observatorio Socioambiental del Sumapaz de la Universidad de Cundinamarca, al pensar en el futuro de la provincia de Sumapaz, se debe contemplar no solamente la delimitación del páramo, sino también la contaminación de cuerpos de agua por agroquímicos y la debilidad de la economía campesina. Tanto Palomino como los habitantes del municipio de Cabrera, coinciden en ver el fomento de la producción agroecológica como una alternativa, y hacen un llamado para que la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz sea pensada como un ejemplo de formas de habitar que vela por la vida en el páramo, frenando la expansión de la frontera agrícola y replanteando el turismo en la región.
Lo cierto es que las discusiones deben darse de cara al Sumapaz y es urgente una plataforma de diálogo que permita definir el futuro del páramo y de la provincia de Sumapaz a la luz de la vocación del territorio y la vocación comunitaria. Garantizar el abastecimiento de agua en un escenario de cambio climático como el que vivimos es crucial para mitigar la vulnerabilidad de la capital y de la región, pero no va a suceder sin un trabajo mancomunado de cuidado del páramo. Tomémonos en serio al Sumapaz.
