La Corte Constitucional al revisar el caso de una periodista de Caquetá, que tenía un esquema de seguridad por presentar un riesgo extraordinario por varias amenazas y el cual fue retirado con posterioridad al convertirse en ordinario, pese a que las intimidaciones continuaban, advirtió que el Estado es el responsable de la seguridad de los comunicadores.
Además la Corte indicó que la Unidad Nacional de Protección, (UNP), debe identificar el riesgo de los periodistas bajo tres lineamientos, el primero, sobre el perfil del comunicador, ya que advierte la corporación judicial que “las amenazas suelen afectar en mayor grado a periodistas que no cuentan con un medio de comunicación consolidado de amplia circulación que pueda respaldar sus labores”.
El segundo aspecto que pone en consideración la Corte a la Unidad Nacional de Protección, es el contenido que maneja el periodista, para establecer si es de carácter político social o ideológico y si dicha información podría acarrearle algún nivel de riesgo.
“Conviene destacar que el contenido de la información que presenta un periodista en un contexto de violencia o polarización política es relevante para determinar el posible grado de riesgo o amenaza al cual puede verse sometido”, dice uno de los apartes del documento.
Y el tercer aspecto es el lugar donde se desempeña su labor, poniendo sobre la mesa el contexto de los medios locales en donde según la Corte Constitucional son más vulnerados.
“Las cifras de periodistas amenazados o asesinados en la zona; (ii) la existencia de actores armados o grupos delincuenciales con presencia en el lugar; (iii) las posibles dificultades derivadas del desplazamiento en el sector; y (iv) el grado de visibilidad que puede tener el periodista o comunicador en razón del tamaño de la ciudad o localidad en la que desempeña sus funciones”, rescata el documento.
Asimismo el alto tribunal reiteró que el Estado debe prevenir ataques contra los periodistas: “La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y políticas para luchar contra la impunidad y resolver las causas profundas de la violencia contra los periodistas”.
