La Beneficencia de Cundinamarca ordenó el cierre de los dos «Centros de Protección al Menor» en condición de vulnerabilidad desde el pasado 20 de noviembre. En Fusagasugá y Pacho. El ICBF no otorga la licencia de funcionamiento. Al menos 500 menores quedarían sin hogar.
Por: Fusagasugá Noticias
Un oficio de la gerencia general de la Beneficencia de Cundinamarca fechado el 20 de noviembre con el asunto: cierre de casos, en donde se notifica a representantes legales y directores de los Centros de Protección de servicios de atención a niños, niñas y adolescentes con los derechos inobservados, amenazados o vulnerados en general, en el Instituto de Promoción Social (IPS) de Fusagasugá y Colonia Alberto Nieto Cano de Pacho; encendió las alarmas de las ex alumnas del Instituto de Promoción Social de Fusagasugá, lo que las obligó a iniciar una «cruzada para evitar el cierre de los centros de protección».
Este jueves durante toda la mañana realizaron un plantón en las instalaciones del IPS en Fusagasugá, con miras a llamar la atención de quienes les interese vincularse para reclamar, especialmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Cundinamarca, se les otorgue a los operadores la licencia de funcionamiento para continuar atendiendo a más de 500 menores vulnerados en edades entre 6 y 17 años, en las dos sedes.
«Aquí en el IPS Fusagasugá se atienden alrededor de 250 menores de los cuáles 150 son externos y al menos 100 internos a quienes se les ofrece vivienda, educación, salud, recreación, etc., todos estos niños han sido víctimas de abuso físico, psicológico, sexual«, señaló una de las reclamantes, quien dijo además que estos menores fueron remitidos por Comisarios de Familia, Defensores e Inspectores puesto que se busca el restablecimiento de sus derechos por ser de familias caídas en prostitución, alcoholismo, drogadicción, entre otras problemáticas sociales.
«En todo el departamento de Cundinamarca existen solamente estos dos centros de protección al menor que incluso reciben niños, niñas y adolescentes de otras regiones del territorio nacional, porque habían 5 más en otras poblaciones y fueron cerrados por la Beneficencia en los últimos años«, dijo la representante.
«Desde el viernes 24 de este mes que nos enteramos iniciamos el proceso de reclamación y nos han manifestado desde la Beneficencia que por ahora se amplía la orden de cierre hasta el 15 de enero del año entrante, pero no garantizan la continuidad, entonces a dónde van a enviar a estos 500 menores en condiciones de vulnerabilidad, siendo que aquí les están garantizando afecto, cuidado, cariño, un hogar«, manifestó la señora.
Además argumentó la representante de los reclamantes que en Fusagasugá el Alcalde las recibió y desde la Secretaría de Educación afirmaron que ellos garantizan la educación de los menores, pero el hogar para esas niñas, niños y adolescentes no, esa es una competencia del Gobierno de Cundinamarca, apuntaron, puesto que los predios en donde están las instituciones son de propiedad de la Beneficencia y los funcionarios que allí trabajan son empleados del Departamento.
«Es la Beneficencia la responsable de girar unos recursos para mejorar las condiciones de los Centros de Atención al Menor y es el ICBF el responsable de verificar y otorgar la licencia para que a partir del año entrante los operadores pongan normalmente en funcionamiento las dos sedes, pero hace falta voluntad, especialmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar», denunció.
«Aquí no ha venido ningún diputado, ningún concejal, ningún representante a la Cámara o senador de la República que les interese el bienestar de estos menores, llamamos a RCN y CARACOL Radio y TV en Bogotá para denunciar lo que está sucediendo y ningún medio nacional nos escuchó«, puntualizó la lideresa.
