El presidente de  Asofondos  Santiago Montenegro, y  el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, sostienen  que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) hay intenciones que pretenden ejecutar una reforma pensional.

Las declaraciones las ofrecieron, cada uno desde sus diferentes perspectivas, en una entrevista realizada por el diario El Espectador de Colombia.

Fundamentan sus apreciaciones en la supuesta  existencia de una propuesta de artículo, más exactamente el 84 (que antes era el 303), mediante el cual se plantea el traslado de ciertos cotizantes a Colpensiones o a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

«Los afiliados al sistema de pensiones que no hubieran contado con la doble asesoría por parte de Colpensiones o por parte de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), para tomar la decisión sobre su traslado en los términos de la Ley 797 de 2003; quienes, siendo mayor de 50 años, si es mujer o mayor de 52 años si es hombre y que habiendo cotizado 750 semanas o más, se permite el traslado a Colpensiones o a la AFP antes de los próximos 4 meses a partir de la expedición de la presente Ley”, expresa el Articulo 84, cuestionado por  Asifondos y la CUT 

Análisis de Asofondos

Según cálculos de Asofondos, la aplicación de este artículo significaría el traslado de cerca de 207.000 afiliados, dentro de los cuales, solo 172.000 lograrían cumplir dichas condiciones. Lo anterior quiere decir que 35.000 personas se trasladarían y quedarían sin acceso a pensión, según lo explicado por la asociación.

Resultado de imagen para Asofondos, Santiago Montenegro

Otra de las preocupaciones que manifestó Asofondos es el costo económico que significaría este traslado, $50 billones, que beneficiarían a gente de altos ingresos que “no necesitan que les subsidien sus pensiones”, hombres y mujeres con entradas que rondan los cuatro y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral y 1.300 semanas cotizadas.

“Esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170 mil personas de altos ingresos”, manifestó Montenegro.

En su entrevista con El Espectador, el directivo de Asofondos aseguró que esos $50 billones se financiarían aumentando impuestos o mediante deuda externa, actuación que terminaría afectando la sostenibilidad fiscal y financiera del país. Aseguró que dicho capital sería suficiente para sacar de la pobreza extrema a 1,7 millones de ancianos que actualmente no reciben un ingreso mensual. “Podría cubrirse la línea de la pobreza, que son $255.000 mensuales durante toda la vida».

Razonamientos de la CUT

Por su parte el Ministerio de Trabajo comunicó a este medio su posición al asegurar que “dicha propuesta conlleva riesgos de financiamiento para el Sistema Pensional a mediano y largo plazo».

Orjuela considera que la alarma encendida por Asofondos no es más que una jugada para “que no les quiten todos sus afiliados”. Vale la pena recordar que el directivo de la CUT defiende la idea de que se terminen los fondos privados de pensiones para crear un sistema unificado público en el que aportan los empleadores, empleados y Estado.

Imagen relacionada

«Asofondos debería estar planteando, si desea mejorar el tema, que hayan más cotizantes y pensionados. Es que el  país tiene que modificar su sistema de desarrollo y darle un fuerte impulso al empleo mediante la generación fuentes laborales que dejen más cotizantes».

Tanto para Orjuela como para Montenegro, las decisiones que se tomen en materia pensional deben ser debatidas, estudiadas y analizadas, por lo que manifiestan su desacuerdo en que un cambio el que propone el Artículo 84 intente ‘colarse’ mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

“Las cosas no pueden sacarse de un sombrero sin los estudios correspondientes”, concluyó Montenegro.

Es importante precisar que la aprobación o no de este y otros artículos dependerán de las decisiones que tome el Congreso de la República al respecto.

 

Fuente: El Espectador