Un proveedor de los operadores del PAE, alteraba con químicos y lo comercializó con documentación falsa entre 2018 y 2019.

La Fiscalía General de la Nación evidenció una actividad ilícita que representó grave riesgo para la salud de los estudiantes que se benefician del PAE en Bucaramanga y otros municipios de Santander.

De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado, a los niños les fue suministrada carne de caballo y de burro en las raciones alimentarias.

Según el ente investigador, un comerciante de la región identificado como Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, habría estructurado el engaño.

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Las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en trabajo articulado con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, permitieron conocer que Trujillo Gómez, en asocio con otras personas, compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos, en la Costa Atlántica.

Al parecer, con guías de movilización falsas trasladaba los animales hasta Bucaramanga y allí los sacrificaba. La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo. Luego, la empacaban al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res. Como un producto vacuno era facturado y soportado para distribuirlo.

Mediante este engaño, alias El Padrino o El Gemelo vendió semanalmente entre 2.000 y 2.500 kilogramos de carne a los operadores del PAE en Bucaramanga y Santander. La actividad ilegal la habría realizado entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, y le representó ingresos superiores a los 500 millones de pesos.

 

Judicialización

Una Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Fernando Trujillo Gómez los delitos de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía presentó comunicaciones entre el procesado y sus presuntos cómplices, en las que pedía inyectar la carne con más químico porque quedaba muy dura y en los colegios no la podían cocinar; así como mensajes en los que coordinaba la evasión de los controles fitosanitarios para movilizar caballos y burros, entre otras actividades ilegales.

Ante el abundante material probatorio y la evidencia física obtenida en casi dos años, el juez de control de garantía impuso a Trujillo Gómez medida de aseguramiento en centro carcelario.