Después de morir, 13 personas siguieron contratando con entidades estatales en Colombia en los últimos dos años.
Una de ellas fue Arturo Sánchez Santamaría, cuyo registro de defunción dice que falleció el 18 de noviembre de 2017, pero inexplicablemente le vendió seis días después insumos de papelería al Hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca).
El centro médico le pagó $679.940 al supuesto proveedor (que ya había contratado con el Estado al menos en veinte ocasiones desde 2016) por la compra de cuatro frascos de colbón, cien fólderes, cincuenta grapas, 36 lápices, seis pegastic y una caja de ganchos legajadores. Este caso y los 12 restantes son analizados por la Contraloría y fueron identificados en la plataforma Océano.
Un equipo interdisciplinario del ente de control se dio a la tarea de desarrollar este centro de información contractual, que por el momento consolida una base de datos de los contratistas del Estado entre 2016 y 2018. ¿Quiénes son?, ¿en qué regiones se concentran?, ¿con qué otros empresarios se conectan?, ¿están o no inhabilitados? y ¿firmaron contratos estando muertos? son algunos de los interrogantes que ayuda a resolver el sistema.
Así fue como la Contraloría concluyó que 13 presuntos muertos recibieron 24 contratos que suman $78.196.504.
El negocio más caro ($25’092.089) lo consiguió Rafael Ángel Mahecha el 26 de enero de 2018, casi dos años después de morir. Pese a que su matrícula mercantil fue cancelada por fallecimiento, el comerciante firmó un contrato con la empresa del acueducto de Belén de los Andaquíes (Caquetá), Aguas Andaki S.A., en el que se comprometió a suministrar químicos para la potabilidad del agua del municipio. Al igual que Ángel, Humberto Pernett firmó dos contratos después de muerto que suman un poco más de $20 millones. Esta vez, el contratante fue la Institución Educativa Distrital del barrio Simón Bolívar, en Barranquilla, que lo requirió para adecuar cuatro aulas y un auditorio.
Entre las perlas de estos procesos de contratación se encuentran actas en las que las entidades afirmaron haberse reunido con difuntos contratistas. Este es el caso de la Institución Educativa Asamblea Departamental, en Medellín (Antioquia), que contrató a Gloria Mesa Montoya el 8 de marzo de 2017, tres días después de su fallecimiento, para el suministro de materiales de papelería por $12’200.500. A la siguiente semana, la entidad redactó un acta de liquidación y finalización del contrato en la que aseguró que el rector y la señora Mesa se reunieron en la escuela y concluyeron que el servicio fue prestado satisfactoriamente.
Sin embargo, la mujer no firmó el documento que se publicó en la plataforma de contratación Secop.
Una historia similar se repitió en Granada (Meta), donde las monjas de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora contrataron a Ludivia Muñoz Garibello para que les proveyera tres botellas de champaña para el brindis de la ceremonia de grados. El negocio se suscribió el 18 de junio de 2018, a pesar de que la contratista había muerto hacía dos años. En el acta de iniciación del contrato, la rectora hizo constar que se reunió con Ludivia Muñoz, a quien le pagó $150.000. Ambas partes del contrato firmaron el documento.
Pero los casos más insólitos son los de María González Roa y Luis Tique Lamprea. La primera suscribió “con su puño y letra” un contrato con la Registraduría cinco meses después de su defunción. La entidad, donde irónicamente reposa el documento que acredita legamente su muerte, tomó en arriendo un inmueble en San Eduardo (Boyacá), para que allí funcionara la Registraduría municipal. El negocio se pactó en $4’051.836. Tique Lamprea, por su parte, fue contratado tras su muerte por la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima para que proveyera metros de plástico y rollos de lona, a pesar de que su esposa había cancelado su matrícula mercantil.
Otras cámaras de comercio que negociaron con fallecidos son las de Medellín y Honda. En el caso antioqueño se contrató dos veces a Álvaro de J. Valencia Cano a escasas dos semanas de su deceso, en febrero de 2016, para que publicitara unas campañas de la entidad en periódicos y radio. Por esa labor, el contratista recibió $2’030.500. Un año después, en suelo tolimense, la difunta María Guzmán Troncoso fue contratada dos veces para que proporcionara ensaladas de frutas a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda que se capacitaron en los temas de circular única y registro público.
Pero si el listado de contratistas muertos se filtra según la entidad contratante, el primer lugar lo ocupa el Hospital San Carlos, en San Pablo (Nariño). Allí se firmaron ocho de los nueve negocios que le otorgaron a Gerardo Jaramillo, tras fallecer el 18 de noviembre de 2017 y que suman $6’126.000. El mismo día de su deceso firmó dos contratos con el hospital público para el suministro de llantas de una ambulancia y el mantenimiento de dicho vehículo. Más adelante, el 24 de noviembre, suscribió otro contrato por la provisión de combustibles y lubricantes, justificación que se repitió en los siguientes negocios con el centro hospitalario.
Sin embargo, el contrato más reciente que menciona a Jaramillo es de enero de 2018 y fue suscrito por el Centro de Salud Hermes Andrade Mejía, en Tangua (Nariño). Allí figuró como representante legal de Serviteca Las Mercedes y proporcionó llantas para otra ambulancia, aunque el espacio de su firma quedó en blanco. Ese mismo centro de salud de Tangua contrató a otro difunto: Hosen Muhammad Joma, a quien, en calidad de representante legal de Almacén Hassan, le adjudicó la dotación de tres vestidos “Kosta Azul de hombre” y dos “conjuntos jeans sporting de mujer” para algunos de sus empleados. La compra costó $ 1’607.139, pero la firma de Hassan no quedó en el contrato.
Los últimos casos detectados ocurrieron en la región Caribe y en el Eje Cafetero. Dairo Ríos Baena contrató con el Instituto Departamental de Deportes de Magdalena, en los dos meses siguientes a su defunción, para coordinar unos juegos intercolegiados en San Sebastián. Entre las obligaciones del contratista quedó consignada la de garantizar la veracidad de la información registrada por los colegios. “El contratista declaró que se encuentra debidamente facultado para suscribir dicho contrato”, se lee en el documento.
Finalmente, María Castellanos Álvarez fue contratada en el Instituto Técnico Superior de Pereira, un mes después de su muerte, por el préstamo de 200 sillas y sesenta mesas rectangulares que se usaron en un evento del centro educativos.
Con todos estos datos, la Contraloría empezó a detectar posibles irregularidades en la contratación pública del país y planea ponerles la lupa a todas las regiones para no darle tregua a la corrupción que suele colarse en los negocios con el mismo Estado.
Fuente: El Espectador
