En la tarde del viernes 20 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca liderará un Consejo de Seguridad para garantizar la tranquilidad de los habitantes.

La presencia de individuos armados en retenes ilegales, detectada por primera vez en dos décadas en vías estratégicas que conectan Cundinamarca con el sur de Bogotá, ha encendido las alarmas de las autoridades. 

“Este es un hecho sin precedentes en los últimos 20 o 25 años, que causa inquietud y desconcierto en la región”, afirmó el gobernador Jorge Rey, quien lo atribuyó a una disputa entre grupos armados organizados como la Segunda Marquetalia y la estructura disidente Jorge Briceño por el control de corredores clave. 

Tampoco se descarta la intención del grupo comandado por Iván Márquez de fortalecer su posición en el segundo ciclo en la Mesa de Diálogos con el Gobierno Nacional, señaló el gobernador Rey ante la presencia de un retén ilegal en una vía que es crucial para la conectividad y seguridad de la región. 

Ante esta situación, “hemos solicitado la intervención urgente del Ejército en este corredor estratégico para neutralizar cualquier intento de afianzamiento de los grupos armados. Coordinamos acciones con la Policía Nacional y empresas privadas para reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población”, declaró Rey.

Impacto en las comunidades y medidas de contención

Las comunidades, que durante años han disfrutado de tranquilidad ahora se ven afectadas por la reaparición de estos actores armados. Retenes ilegales, símbolos insurgentes y episodios violentos han generado temor en los habitantes, especialmente entre los líderes sociales.

En respuesta, las autoridades han desplegado un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Décima Tercera Brigada del Ejército, para reforzar la vigilancia en los principales corredores viales y establecer puntos de control en áreas sensibles del Sumapaz. 

El objetivo es contener el avance de la Segunda Marquetalia y evitar que otros grupos armados puedan afectar la región.

Los expertos coinciden en que, además del despliegue de la Fuerza Pública, es necesario invertir en desarrollo social y económico para reducir la influencia de los grupos armados en la región.

Vía : Gobernación.