Aunque para el segundo semestre del próximo año la Fiscalía tiene previsto cerrar el capítulo de la Ley de Justicia y Paz, modelo de justicia transicional creado para investigar y juzgar a los paramilitares que hicieron la paz en el primer gobierno de Álvaro Uribe, al menos una docena de exjefes de las entonces llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) están de nuevo en el radar de las autoridades porque habrían vuelto a delinquir.
Esos exjefes ‘paras’ recuperaron la libertad tras pagar las penas alternativas que les dio Justicia y Paz, mínimo 5 años y máximo 8, pero han regresado a varios de los territorios que controlaron en el pasado para manejar rentas ilegales, extorsionar e incluso impedir la restitución de tierras, según testimonios de habitantes de esas zonas e información en manos de la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la OEA que ha acompañado el proceso de paz con los paramilitares.
Según la Fiscalía, de los 4.772 exintegrantes de las Auc que ingresaron a Justicia y Paz cuando este modelo judicial arrancó –en el 2005–, han sido excluidos 96 porque volvieron a la delincuencia tras el proceso de paz y perdieron los beneficios de la pena alternativa. Otros 18 están pendientes de eventuales expulsiones en despachos de la justicia transicional.
También, según datos de la Fiscalía, 803 exparamilitares fueron excluidos de Justicia y Paz porque no dijeron la verdad o no volvieron a comparecer ante la justicia, entre otras razones.
Las más recientes denuncias sobre la violación de los compromisos de no volver a delinquir para mantener los beneficios que les concedió Justicia y Paz recaen sobre conocidos exjefes paramilitares, como ‘Juancho Dique’ (Uber Enrique Bánquez), que dirigía el bloque Héroes de Montes de María; ‘Terror’ (Oliverio Isaza), hijo de Ramón Isaza, el exparamilitar más antiguo de Colombia y quien comandó las Autodefensas del Magdalena Medio, y sobre Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, una de las fichas más cercanas al clan Castaño y quien operaba al lado de Vicente Castaño.
Cada uno pagó 8 años de cárcel por cientos de crímenes, pero si las denuncias contra ellos se logran judicializar, correrían la suerte de los 96 expulsados de Justicia y Paz y sus casos pasarán a la justicia ordinaria.
En la lista de ‘exparas’ con denuncias están también Rodrigo Alberto Zapata, exjefe del Frente Suroeste, quien operaba en Amagá, Angelópolis y Titiribí (Antioquia); Rafael García, excomandante del bloque Bananero; Alexánder Carvajal, exjefe de finanzas del bloque Tolima, y Dumar Jesús Guerrero, exmiembro del bloque Héroes del Llano y Guaviare.
Fuente: El Tiempo
