El ente de control formuló cargos a Luz Fany López Vargas, exsecretaria de Educación. Avanzan investigaciones contra el alcalde y otros funcionarios.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la secretaria de Educación de la Alcaldía de Fusagasugá, Cundinamarca, Luz Fany López Vargas, por la presunta omisión de sus deberes relacionados con el Programa de Alimentación Escolar que habrían provocado retrasos en su fecha de inicio en las vigencias 2021 y 2022.
La Provincial de Instrucción de Fusagasugá advirtió que la posible demora afectó a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios que en 2021 dejaron de recibir durante 34 días los alimentos al inicio del año escolar.
Así mismo, la entidad adujo que la revocatoria del proceso de licitación inicial, al parecer, generó un retraso en la contratación por la falta de diligencia en la expedición de los documentos requeridos para gestionar el proceso.
En un segundo cargo el Ministerio Público señaló que solo a finales de noviembre de 2021 la funcionaría habría aportado el acuerdo que autorizaba al mandatario local a comprometer vigencias futuras, situación que retrasó la apertura del proceso de selección y la posterior ejecución del PAE una vez iniciaron las actividades académicas en 2022.
La Procuraduría indicó que en ambos casos se pudo presentar un desconocimiento de los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación, por lo que calificó de manera provisional las supuestas conductas de la disciplinable como faltas gravísimas a título de culpa grave.
Recordemos, que ya el ente de control se había pronunciado, el último 26 de febrero de este año, cuando la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al alcalde de Fusagasugá, Cundinamarca, Jhon Jairo Hortúa Villalba, por presuntamente omitir la responsabilidad que le asistía de garantizar el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para las vigencias 2021 y 2022.
La Provincial de Instrucción de Fusagasugá sostuvo que en 2021 el contrato empezó a ejecutarse el 19 de marzo, a pesar de que la fecha prevista era el 1ro de febrero, con lo que Hortúa Villalba habría faltado a sus deberes de control y vigilancia, e incurrido en falta disciplinaria.
El Ministerio Público señaló que el proceso de selección para gestionar el PAE no fue oportuno ni tuvo la celeridad necesaria, por lo que tuvo un retraso de 34 días hábiles, periodo durante el que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios dejaron de recibir el complemento alimentario, sin que al parecer el mandatario hubiera adelantado acciones para cumplir con el plazo.
Para la vigencia 2022, el año escolar inició el 24 de enero, pero el contrato solo comenzó a ejecutarse el 11 de febrero, con lo que posiblemente el mandatario reiteró la conducta que materializó la demora en el desarrollo del Programa, con las consecuencias ya mencionadas para quienes esperaban recibir los alimentos.
Por estos hechos, de manera provisional la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde de Fusagasugá como grave a título de culpa grave.
El organismo de control también profirió cargos al secretario de despacho de la Alcaldía Municipal, Giovanny Eduardo Villalobos Fernández, y a la secretaria jurídica, Yuri Andrea Mora Chavarro, por su posible responsabilidad como ordenadores del gasto y su rol en la celebración de los contratos.
En su caso, la presunta falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.
