Votamos por duque; pero ahora estamos pensando en buscar una salida democrática, antes que el barco se hunda.

Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Asociación Colombiana de Veedurías Ciudadanas (ASO-RED).

Indígenas, afrodescendientes, comerciantes, docentes, funcionarios de la salud y demás sectores sociales, que tumbaron la reforma tributaria de Duque y lograron la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aún continúan en las marchas para protestar contra diversos temas que vulneran la economía de los colombianos.

Por su parte, Rodolfo Hernández Suárez, líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, dice que “la verdadera reforma que pedimos los colombianos” consiste en que le bajen los excesivos sueldos a los funcionarios que ocupan altos cargos: Magistrados, Senadores, y Congresistas; de la misma manera, suprimir las Embajadas y Consulados que innecesariamente tiene Colombia y que sólo sirven para pagar favores políticos. Que los congresistas, y demás altos funcionarios de Colombia, desistan de las camionetas, viajes y celulares subsidiados por el Estado. Que se ataque radicalmente a la Corrupción en los contratos estatales y en la ejecución de los programas que, por culpa de los corruptos, no llegan a las comunidades más necesitadas. Que se arreste a gobernadores y alcaldes que están malversando los recursos públicos. “La Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de ese grave problema”, afirma Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga.

A raíz de todas estas manifestaciones, mediante las cuales el pueblo colombiano pide justicia social, Duque no descarta decretar el estado de conmoción interior.

El Artículo 213 de la Constitución Nacional dice que “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.

Lo que hoy se conoce como estado de conmoción interior, antes se llamaba estado de sitio y fue usado en exceso, al punto en que desde 1970 hasta 1991 el país vivió bajo esta figura 17 años, es decir, el 82 por ciento del tiempo, según relató Mauricio García Villegas en su artículo ‘Un país en estados de excepción’, publicado en El Espectador.

El estado de conmoción interior ha sido declarado en cuatro oportunidades por dos presidentes: César Gaviria y Álvaro Uribe.
El dirigente liberal recibió un país convulsionado y azotado por el narcotráfico. Recién se estrenaba la Constitución Política de 1991 cuando declaró el estado de conmoción interior el 10 de julio de 1992.

Dos años después -el 1 de mayo de 1994- el presidente Gaviria volvió a recurrir al estado de conmoción interior; las razones eran parecidas. Es decir, que había riesgo de que salieran de la cárcel más de 800 personas sindicadas de cometer delitos como secuestro, extorsión y homicidio con fines terroristas.

Como presidente, Uribe declaró dos veces estado de conmoción interior. La primera en agosto de 2002, porque a su juicio la «Nación entera está sometida a un régimen de terror».

En 2008, durante su segundo mandato, Uribe volvió a recurrir a este estado de excepción argumentando que la administración de justicia no estaba funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atentaba contra la estabilidad institucional.
El presidente Iván Duque manifestó a los medios que como jefe de Estado “no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le da la Constitución y la ley”, refiriéndose a la pregunta sobre si declararía una conmoción interior por las protestas que se mantienen, originadas en el proyecto de reforma tributaria ya retirado.
El mandatario expresó que aún cuenta con las herramientas que le brinda el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero recordó que existe hasta la posibilidad de declarar la conmoción en espacios territoriales determinados.
También reconoció las complejidades del control constitucional a la declaratoria, por lo que estudiaría detalladamente su declaración.

Así, el Ejecutivo tendría facultades como la expedición de decretos legislativos para suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción, las cuales dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.
Unas fuentes alegan que los vándalos son grupos de delincuentes que aprovechan las marchas para poder robar. Otras creen que se trata de personas de orientación política contraria a los manifestantes. Y unas terceras les recomiendan a los manifestantes que confronten y desenmascaren a los vándalos, porque pueden ser personas interesadas en que el presidente decrete el estado de conmoción, con el fin de reducir, de esa manera, el derecho a la protesta. Eduardo Mackenzie, asegura que se trata de “Una narco-revolución en marcha. El New York Time declara que La gente está harta y se despierta el poder de las calles”.

No sé cuál de las fuentes tiene la razón. Pero a mí me parece que el pueblo colombiano se cansó de los malos funcionarios públicos; ellos son los directos responsables de la crisis democrática del país, que, en su gran mayoría, están envueltos en escándalos de corrupción: Odebrecht, Reficar, Foncolpuertos, ñeñepolítica, Dragacol, proceso 8.000, carrusel de la contratación, carrusel de las notarías, cartel de la hemofilia, cartel de la toga, y sigue un catálogo infinito de corrupción…

Entonces, señores corruptos: ¡ya basta! ¡Renuncien!