Los falsos positivos y la Jep

Esta modalidad delictiva está hoy acaparando la atención del país en razón de que la Jep está ventilando el “macroproceso 003” luego del 001, que tiene que ver con el gigantesco número de secuestros o toma de rehenes que perpetraron las Farc.

Cualquiera diría que ese tribunal está cumpliendo con su trabajo. En efecto los falsos positivos fueron un recurso repugnante que conviene esclarecer de una vez por todas. Ahora bien, como todo en esta etapa de nuestra historia política actual, lo que hay que determinar es si el macroproceso sirve para arrojar verdad histórica y jurídica y reparación y consuelo a las víctimas, o si lo que se busca es desviar la atención del proceso de las Farc, igualar por lo bajo a las partes en conflicto para darle un golpe demoledor a una de ellas y crear condiciones, a partir de allí para el uso electoral que los criminales y sus socios políticos tienen en mente.

Digo lo anterior porque hay elementos muy extraños en todo esto. El primero, es la disparidad de cifras ofrecidas y su aumento, muchas veces injustificadas, de casos (https://lasillavacia.com/asi-llego-jep-cifra-6402-victimas-falsos-positivos-80319):

-2.248 de la Fiscalía entre 1998 y 2014, año del informe, que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez estima posteriormente en 4030;

-1241 del CNMH, que recolectó su información de fuentes públicas y no pudo incluir los datos de la Fiscalía porque cuando se los pidieron ésta se encontraba depurando su base de datos y no aportó información;

-3.259 del Ministerio de defensa, en informes del 2012 y 2014;

-4.625 de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (CEEU), que reúne a decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos.

-6404 casos que estima la JEP.

El artículo citado muestra que el 29.6%, es decir, 1985 de los registros presentados por la Jep provienen, precisamente de ONG, agrupadas en la mencionada CEEU y ONG colombianas, que, en su inmensa mayoría son enemigas del estado colombiano y cercanas a la extrema izquierda; y cabe indicar que  el 40% de los datos que reporta esa Coordinación es directamente recolectado por sus “fuentes”, lo que ya causa una gran desconfianza porque todo mundo sabe cómo manejan los criterios de recolección y el tipo de “fuentes” que suelen usar para obtener ese tipo de información.

Pero mayor estupor genera los estándares con los que la JEP los admite: “El equipo del caso 03 revisó manualmente cada uno de los relatos de los hechos de cada registro y los clasificó como “homicidio presentado como baja por fuerza pública” cuando el relato tenía suficiente información para inferir que se trataba presuntamente de una muerte ilegítimamente presentada como baja en combate por agentes del Estado”.

Como quien dice, se trata de criterios enteramente subjetivos, sin que medie ninguna verificación objetiva. Y como si fuera poco, afirman que tienen una base de datos “Todo con nombre y apellido y fecha y lugar de los hechos (departamento y municipio). 3.818 (60 %) registran además información sobre número de documento” (Ibid), es decir, que ni siquiera están seguros de la identidad del 40% de los enlistados y que, presumiblemente del 100% no podría haber seguridad de si se trata de un falso positivo u otro tipo de homicidio. Tanto que la propia Jep admite que “entre el 40 por ciento que no están todavía identificados con cédula podrían aparecer algunos que reportan las ONG y que siguen vivos o que ya aparecen contados en las bases de datos” (Ibid).

Para mí, visto lo visto, se trata de armar un caso contra el Estado, las fuerzas armadas y de policía como instituciones y contra personas que se han destacado en la lucha contra el terrorismo que han sido vinculadas, sin evidencias o indicios graves, precisos y concordantes, gracias a la repetición infinita de la izquierda radical de todo tipo de infundios.

Veamos: “Al día siguiente del informe, Uribe dijo que quería que le mostraran “pruebas de los 6.400 falsos positivos”, pues ponía en duda la magnitud de la cifra. Esa solicitud difícilmente será cumplida pues la JEP no investiga caso por caso, sino que identifica los patrones del fenómeno y determina los máximos responsables”. (Ibid, El subrayado es mío).

Curioso, porque asignar a bulto y sin verificación en este caso es distinto al sucedido en los secuestros de la Farc en el que las víctimas están documentadas.

Estoy seguro de que hay militares y policías, algunos de alta graduación, que son responsables de falsos positivos y deben ser sancionados por ello, de acuerdo a la ley.

Pero lo que aquí hay es un montaje para un doble propósito, como me hizo notar el coronel en retiro John Marulanda: validar la guerra atroz de las Farc deslegitimando no a algunos responsables, sino a nuestro ordenamiento jurídico, intentando mostrar que lo que hubo fue una política criminal del estado, un crimen de estado a lo largo del tiempo contra el que se justificaba la lucha armada. Como si los falsos positivos fueran de la misma calaña de los secuestros y otros delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos por las Farc, que ya quedó claro, sí eran políticas de organización decididas por su dirección.

Se trata de borrar de nuestra historia política y judicial el hecho de que, cuando el presidente Uribe, como cabeza del estado se percató de los falsos positivos, salió públicamente a rechazarlos, a exigir justicia, a manifestar que la institucionalidad que él representaba era garante de los derechos humanos y que no toleraría ese tipo de acciones que desdecían del esfuerzo hecho por el estado para mejorar el desempeño en esos derechos por parte de todas las fuerzas de seguridad y tomó las medidas pertinentes para que no se repitieran.

De paso, se busca desorientar a las nuevas generaciones de oficiales con la falacia de que ellos no deberían defender una organización criminal.

Igualar el estado y la guerrilla es un exabrupto que sólo puede entenderse por el origen espurio de las JEP, tribunal impuesto por la Farc y nombrado por ellas, para exculparse e inculpar a su oponente. El tratamiento del “macroproceso 03” ilustra la necesidad de reformar la Jep para evitar este tipo de tropelías.

Y llama también la atención, insisto, en que el “macroproceso 03” se ventile ahora con este tipo de estrategias. Es el largo brazo de la izquierda radical. Cualquier mal pensado podría conjeturar que hay que no hay deseo de encontrar la verdad y resarcir con ella a las víctimas, sino más bien, de  continuar yendo por Uribe y las fuerzas militares y de policía, para ganar las elecciones del 2022.

Su problema es que la gente no les cree.

Post scriptum: Que Herbin Hoyos descanse en paz. Fue un gran luchador por la libertad.