Según la denuncia hecha por un noticiero de televisión, el magistrado Alejandro Linares dijo que “había recibido información de una fuente de entera credibilidad que le advirtió que grabaciones de conversaciones telefónicas de los magistrados estaban rondando en varios círculos, que debía cuidar sus comunicaciones y estar en máxima alerta”. 

De esta misma reunión habría salido una bitácora la cual fue enviada a la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional, para que sean ellos quienes asuman las investigaciones sobre esta presunta práctica. 

Igualmente, tras esta denuncia algunos altos funcionarios se habrían visto obligados a cambiar sus líneas telefónicas por temor a que estén chuzadas, situación que se produce cuando la Corte debe decidir sobre importantes temas para el país como las objeciones de la JEP o la aspersión con glifosato.