Los gremios del sector de los bares y restaurantes, así como de otros establecimientos nocturnos, encendieron las alarmas por un artículo del proyecto de ley 060 de 2018, que fue presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez ante el Congreso, que busca luchar, entre otras medidas, contra el microtráfico y el narcomenudeo de drogas.
La preocupación radica en que uno de los artículos de la iniciativa contempla penas de 4 a 8 años de cárcel para los dueños de estos establecimientos que permitan el consumo de sustancias psicoactivas en su interior.
El artículo es el 376 y establece que “el que, por razón de su oficio o actividad, se encuentre a cargo de un establecimiento público, espacio público o abierto al público, permita, promueva o tolere el tráfico o consumo de alguna de las sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas de circulación restringida, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos.”
Las preocupaciones
Los gremios del sector han señalado que este artículo rompe el principio de que la responsabilidad penal es individual, ya que terminarán los propietarios de los establecimientos u organizadores de conciertos pagando por lo que hace la gente al interior de su local o evento.
Enrique Gómez, presidente de Acodres (el gremio de los bares y restaurantes), señaló que «nosotros no podemos gobernar sobre las tendencias de consumo o los vicios que tienen las personas, para eso hay políticas de atención y prevención. Es como con el cigarrillo: hay personas que ya no dejan de fumar».
Para el dirigente gremial, «lo que hay que intentar con las drogas son políticas de prevención, pero castigar a quién ofrece un espacio para que una persona consuma sus alimentos por ejemplo y se encierre en un baño a drogarse cuando el restaurante no tiene facultades para requisar a sus clientes, es muy complicado».
¿De quién debe ser la responsabilidad?
Manifestó su respaldo al Gobierno en la lucha contra el consumo y distribución de drogas pero le solicitó «que siga en su labor de fortalecimiento de la seguridad capturando a los cabecillas de las organizaciones de microtráfico«.
«Pero que no nos vengan a criminalizar a los dueños de bares y restaurantes, porque una persona llega y consume en el sitio a escondidas; nosotros nos vamos a oponer a este proyecto de ley que es totalmente absurdo», explicó.
Manifestó que «la responsabilidad penal que les cabe a los criminales, que son los que crean estructuras de microtráfico, no se la pueden endosar a los dueños de restaurantes o bares porque esa es la patraña, porque vamos a ver a dueños de bares y restaurantes capturados por microtráfico y los grandes peces de las mafias impunes porque nadie los toca».
Por su parte el presidente de Asobares, Camilo Ospina, dijo que «este proyecto radicado por la Fiscalía en el Congreso trae varias preocupaciones. Una de ellas es que Colombia ha perdido la senda de la prevención; hace rato que se dejaron de hacer campañas preventivas en temas como ingesta de alcohol, y consumo de drogas».
Otra preocupación, agregó, es que el proyecto «rompe el principio de que la responsabilidad penal es individual y terminan los propietarios de los establecimientos o los organizadores de conciertos pagando por lo que hace la gente al interior de su local o evento».
Precisó que «es difícil ejercer control sobre el suso de drogas en bares, restaurantes y eventos públicos, porque existen espacios privados como el baños donde eventualmente se podría llevar a cabo el consumo de sustancias psicoactivas».
La iniciativa
Este proyecto de ley denominado “disposiciones de fortalecimiento de seguridad ciudadana” busca combatir delitos digitales, redes de microtráfico y narcomenudeo, así como crear nuevos tipos penales sobre algunos de estos problemas que aquejan a la ciudadanía. La iniciativa ya fue discutida en primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República.
