Así se evidencia tras un año de gobierno sin planificación.
Por: Alejandro Castro Guerrero
La serie de sucesos ocurridos a lo largo del atípico 2020 certifican que la pandemia se juntó con la falta de experiencia del joven mandatario, y quizá con unos asesores y gabinete más político que técnico que llevaron al traste la cosa pública en Fusagasugá.
Al término del año podemos reseñar dos asesinatos en menos de 15 días, un atraco a entidad bancaria, caos en la movilidad, ocupación del espacio público en el micro centro como nunca antes.
No cesan los registros informativos de hechos delictivos cada día. Las medidas adoptadas para la contención de la pandemia por la Covid-19 no se están cumpliendo: por un lado la falta de compromiso de la ciudadanía y por el otro no hay suficiente pie de fuerza policial para hacer cumplir las normas.
El descontento generalizado por la falta de autoridad y el malestar entre los pequeños y medianos comerciantes no se deja esperar. El pico y placa los afectó, y la masiva presencia de esporádicos vendedores ambulantes les acabó de aguar las festividades de fin de año.
Aunque la Policía hace su trabajo las bandas criminales del microtráfico se alimentan entre el desorden y la anarquía de los alrededores de las plazas de mercado y los barrios aledaños, sin contar algunos otros sectores afectados por la problemática.
El Concejo Municipal absolutamente, en su mayoría, entregado al Ejecutivo por contratos y pequeñísimas obras que se convierten en calmantes, en medio de la desidia y abandono estatal.
La aprobación de la autorización que el Concejo Municipal le da al alcalde para contratar empréstitos hasta por 22 mil millones de pesos con el objetivo de financiar importantes proyectos presuntamente sin el lleno de los requisitos, y sin Plan de Ordenamiento Territorial actualizado dejaron a los 16 concejales mal parados.
Inclusive, en tiempos de pandemia los entendidos en economía advierten de la imperiosa necesidad de invertir en la recuperación económica de los sectores más desfavorecidos, pero así no fue en el municipio de Fusagasugá: para el señor alcalde y los concejales primero están obras de cemento en donde el contrato deja buenos dividendos y lo social se quedó en veremos.
La ejecución presupuestal a noviembre 30 demostraba la paupérrima administración de los recursos, algunas carteras ni alcanzan el 50 por ciento.
Además, hay que apuntar el desconocimiento del manejo de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA, E.S.P., por parte del gerente; la quiebra inminente de la Terminal del Transporte; y el atraso que viene generando no contar en la capital de la Provincia del Sumapaz (Fusagasugá) con una planta de beneficio animal.
Los permanentes cortes del servicio de agua potable nos obligan a pensar en la construcción de al menos dos tanques de almacenamiento y potabilización del líquido vital, y la suspensión inmediata de la aprobación de licencias de urbanismo y construcción: pero esos dos temas no son tocados por el Concejo Municipal ni están en la agenda del señor alcalde.
En ese orden de ideas, hay que llamar la atención de las veedurías ciudadanas para adelantar el control social con el fin de medir el control de la democracia participativa, y el control es para lograr los verdaderos resultados, porque esos dineros que se van a invertir (22 mil millones de pesos más intereses) – que todavía no se sabe a qué tasa de interés – y le expresen al señor alcalde a través de esas veedurías ciudadanas o por medio de las Juntas de Acción Comunal, que le dé explicación al pueblo de cómo va a invertir esos recursos socializando los proyectos viabilizados y entregando pormenorizados informes de las ventajas de cada iniciativa.
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Así se verificaría si esos proyectos están alineados al POT vigente y al Plan de Desarrollo, también estaría el mandatario cumpliendo su promesa de campaña de actuar con transparencia y de cara a la ciudadanía.
De esa manera se estaría también cumpliendo la reglamentación y normativa impuesta por la propia Administración Municipal por medio de un decreto del 2017 y un Acuerdo del 2016 y otro del 2017, es decir planeación participativa y presupuesto participativo.
