Bogotá, D.C., 30 de octubre del 2018

El Gobierno Nacional destapó las primeras cartas de lo que será la reforma tributaria que empezará a debatirse en el Congreso.

Como era de esperarse, uno de los temas más sensibles es lo que pasará con el impuesto del IVA. Este lunes, el director de la Dian, José Andrés Romero, confirmó que la propuesta del Estado es que toda la canasta familiar tenga este gravamen, pero que se reduzca el porcentaje de manera gradual.

Concretamente la idea es que solo queden excluidos los servicios públicos y de salud. La tarifa pasaría del 19 % actual al 18 % en 2019 y al 17 % en 2020.

De igual forma, expuso Romero, se devolvería el IVA para los colombianos de escasos recursos, a través de un sistema “muy parecido al Sisben”. Aunque aún no se conocen los detalles de cómo operaría eso.

“Lo que queremos es universalizarlo para que sea un impuesto mucho más equitativo, compensando a las personas de menores recursos y asegurándonos de que ese impuesto que ellos pagan sea devuelto mediante un mecanismo eficiente y que funcione”, dijo Romero.

Actualmente el 60 % de la canasta familiar está gravada. Por ejemplo, hoy se paga IVA del 5 % por el azúcar, café, chocolate y carnes frías. Del 19 % en la compra de electrodomésticos, prendas de vestir, jabones, detergentes, calzado, dulces, salsas, gaseosas, jugos, aceite, servicios de televisión, entre otros.

Mientras que no pagan IVA los siguientes productos: carnes frescas, frutas y hortalizas, panela, servicios médicos, agua, leche, huevos, queso, arrendamiento, servicios públicos, matrículas, pensiones escolares, exámenes de laboratorio y servicios de hospitalización, cuadernos y libros. 

De estos solo quedarían excluidos del IVA los servicios públicos (gas, energía y acueducto) y de salud.

Se estima que la propuesta del Gobierno dejaría un recaudo adicional de $15,3 billones en el 2019, cifra que se podría elevar hasta $18,3 billones para 2022.

Pese a los beneficios para las arcas del Estado, algunos sectores no están de acuerdo con la propuesta, argumentando que la medida afectará el consumo de los hogares y con ello a las micro y pequeñas empresas que tienen una estructura familiar.

Fuente: EL PAÍS