Nueva medida que busca estrablecer el orden público en el Catatumbo y Cúcuta

Ante la creciente violencia y desestabilización en la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, el Presidente de la República de Colombia,Gustavo Petro ha declarado un estado de conmoción interior mediante el Decreto O062 de 2025. Esta decisión, que entra en vigencia por un periodo de noventa días, responde a la grave perturbación del orden público, caracterizada por enfrentamientos armados entre grupos ilegales, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria que afecta a miles de ciudadanos.

La declaración abarca no solo el Catatumbo, que incluye municipios como Ocaña, Ábrego, y Tibú, sino también el área metropolitana de Cúcuta, que comprende a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, y más, así como a los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. La medida permitirá al gobierno adoptar acciones extraordinarias para hacer frente a la violencia ejercida por grupos armados organizados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores ilegales que han incrementado sus hostilidades en la región.

El decreto justifica la necesidad de esta acción extraordinaria citando un aumento alarmante en el número de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas a la población civil, que incluyen a líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil. Según informes oficiales, en los últimos días se han registrado más de 381 homicidios y un número creciente de desplazados, que ahora asciende a más de 36,000 personas.

El estado de conmoción interior otorga al gobierno la facultad de implementar medidas que van más allá de los poderes ordinarios, permitiendo la suspensión de ciertas leyes y la adopción de decretos legislativos que buscan restaurar la seguridad y garantizar la convivencia pacífica. El presidente ha enfatizado la urgencia de proteger a las poblaciones más vulnerables, incluyendo comunidades indígenas y grupos en riesgo, y de restablecer los servicios básicos en una región que ha estado históricamente marcada por el conflicto armado y la pobreza.

Esta decisión se produce en un momento crítico para Colombia, que se esfuerza por consolidar los avances en el proceso de paz y enfrentar los desafíos que aún persisten en diversas regiones del país. El gobierno ha señalado que, aunque la situación es compleja y requiere atención a largo plazo, la seguridad y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos son prioritarias en estos momentos de crisis.