Gobierno nacional promulga Decreto 1600 de 2024 para promover la transparencia y la partcipación ciudadana

Esta normatividad vigente introduce cambios importantes en la Comisión Nacional de Moralización y sus subcomisiones técnicas, con el objetivo de implementar una estrategia territorial que promueva el control social, la participación ciudadana y la capacitación en auditorías forenses.

De esta forma, se establece un marco normativo para combatir la corrupción en el país y es fundamentada en la Constitución Política y en la experiencia adquirida en la lucha anticorrupción, de este modo, se apoya en leyes clave como la 1474 de 2011, la 2195 de 2022 y la 2294 de 2023.

El nuevo reglamento no solo se alinea con los compromisos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que también toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto subraya el compromiso del Estado colombiano de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos relacionadas con actos de corrupción.

La reciente orden introduce una serie de cambios significativos que buscan fortalecer las estructuras de prevención y sanción en el país:

Creación de subcomisiones técnicas: Se crean la Subcomisión Técnica para la Prevención de la Corrupción y la Subcomisión Técnica para la Detección y Sanción de Hechos de Corrupción.

Redefinición de las Comisiones Regionales de Moralización: Se consolida la estructura y funciones de estas comisiones.

Creación de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (Renoba): Se crea esta red para fortalecer la vigilancia y el análisis de la corrupción.

Implementación de un estándar de debida diligencia: Se implementa este estándar para asegurar la investigación y sanción de posibles actos corruptos.