Alcalde, y el secretario de Agricultura y Medio Ambiente son señalados por omitir procesos de selección en la contratación de personal para una feria ganadera.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el alcalde de Arbeláez, Cundinamarca, Hugo Efrén Novoa Villamil, por presuntas irregularidades en la contratación de dos personas para la elaboración de guías sanitarias de movilización. Según la entidad, las contratistas prestaron sus servicios sin haber agotado el proceso de selección correspondiente y sin contar con un contrato firmado.

El caso fue abordado por la Provincial de Instrucción de Fusagasugá, que señaló que el alcalde permitió que las contratistas realizaran labores durante la feria ganadera del municipio, a pesar de la falta de un acuerdo formal y un registro presupuestal que respaldara dicha contratación. Esto, según la Procuraduría, podría haber vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la función pública.

Además, la Procuraduría también formuló cargos contra Daniel Felipe Castro Villamil, secretario de despacho de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la Alcaldía. Castro fue quien comunicó al Instituto Colombiano Agropecuario sobre la contratación de las funcionarias y solicitó claves para el manejo de la plataforma necesaria para su trabajo.

Ambos funcionarios están siendo investigados por la posible infracción de las normas de contratación pública. La falta atribuida a Novoa Villamil ha sido calificada provisionalmente como grave por culpa grave, mientras que la conducta de Castro se considera gravísima bajo la misma categoría de culpa.

Los testimonios recabados hasta el momento indican una clara preocupación por parte de la comunidad sobre la transparencia en la gestión pública. «Es fundamental que los procesos de contratación se realicen de manera justa y transparente para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos«, expresó un líder comunitario de Arbeláez.

La Procuraduría continuará con la investigación para determinar las responsabilidades de los implicados y garantizar que se respeten los principios que rigen la función pública en el municipio.