La libertad para ejercer la vocación religiosa cualquiera que sea y difundir sus credos dentro del estado social de derechos es una realidad con la política pública de libertad religiosa y de cultos.

Por: Fusagasugá Noticias

En un acto sobrio con la presencia de los principales líderes de las diferentes confesiones religiosas del país efectuado en Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, se implementó este martes la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos por primera vez en Colombia.

«El Estado se compromete a brindar garantías para profesar y practicar de manera libre su confesión religiosa», señaló la doctora Lorena Ríos quien ejerce como directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, y añadió que la Política de Libertad Religiosa abre espacios a los sectores religiosos o de culto para incidir en instancias de participación ciudadana y toma de decisiones».

De igual manera dijo que «Queremos reconocer y felicitar este trabajo conjunto que hicieron para ampliar los espacios de participación de las comunidades religiosas y de culto, y los exhortamos también a ampliar los espacios de participación de la mujer en sus comunidades».

«Lo que estamos haciendo hoy es un hito que materializó este gobierno y que fue construido con todas las herramientas necesarias para una política pública», manifestó el viceministro del Interior Héctor Olimpo Espinosa en el certamen.

Representantes de las diferentes organizaciones religiosas calificaron el acto como histórico e indicaron que es otra forma de construir la paz y la reconciliación entre los colombianos. Además se sintieron complacidos por las garantías que se establecieron a la luz de la Constitución y la Ley.

De esta manera, el Ministerio del Interior asume una deuda histórica con el sector religioso, y pone en las manos de todos los líderes, representantes religiosos y la ciudadanía en general, la primera política pública integral de libertad religiosa y de cultos, única en la materia a nivel nacional.

Desde hace más de diez años, líderes religiosos en el país, habían manifestado la necesidad de que sus derechos a ejercer de manera libre su creo y su actividad vocacional conforme a sus creencias religiosas, concedidos por la constitución y la ley de libertad religiosa 133 de 1994, fueran realmente garantizados por las entidades del Estado en el ejercicio de los mismo.  Ahora, con la primera política pública de libertad religiosa.