Ocho años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, entre el Estado colombiano y las Farc-EP, se cumplieron este 21 de noviembre.
Al cumplirse ocho años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, entre el Estado colombiano y las Farc-EP, el Gobierno nacional presentó el informe de los avances más significativos de la implementación en los seis puntos del Acuerdo para el periodo comprendido entre agosto de 2022 y octubre de 2024.
Punto 1, reforma rural
De acuerdo con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, bajo la dirección de Gloria Cuartas, en materia de reforma rural y a la fecha de publicación del informe, se han entregado 133.132 hectáreas y se han formalizado 1’228.452 hectáreas de tierras a beneficiarios del Acuerdo.
Igualmente, se han activado 16.923 iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), correspondientes al 51 por ciento, principalmente en las subregiones del Pacífico Medio, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Catatumbo.
Adicionalmente, se han puesto en marcha ocho subsistemas del Sistema Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así como su Comisión Intersectorial, con una agenda clave de articulación de los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral.
También se registran apuestas estratégicas en las regiones Andina, Caribe y Magdalena Medio, Amazonía, Orinoquía, Pacífica y el archipiélago de San Andrés y Providencia, además de 11 Zonas de Reserva Campesina aprobadas, que equivalen a 555.305 hectáreas, en beneficio de 9.906 familias en ocho departamentos.
Otro resultado importante es la nueva metodología de priorización del OCAD Paz para las fuentes de asignación de recursos en obras del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que establece bolsas subregionales para los 2,06 billones de pesos vigentes del bienio 2023 – 2024 y que permite que los recursos lleguen a donde más se necesita.
Punto 2, participación política
Un total de 7.000 millones de pesos se han destinado a la financiación de las instancias de participación creadas por el Acuerdo de Paz.
Se logró la aprobación del Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar obligatorio. Se han realizado 524 cursos, seminarios y diplomados en temas relacionados con la implementación del Acuerdo, generando más de 20.500 certificaciones.
Punto 3, fin del conflicto
En materia de reincorporación, se registran 12.105 firmantes de paz activos, correspondientes al 86 por ciento. Un total de 12.591 millones de pesos se han desembolsado para proyectos productivos de esta población de 32 departamentos. 12.495 firmantes han sido vinculados laboralmente. Además, 12.671 hectáreas se han comprado y entregado a firmantes en 55 predios.
En materia de garantías de seguridad, uno de los temas más sensibles y complejos, se reporta la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política desde el enfoque de seguridad humana. Se han activado de seis de las siete instancias creadas por este sistema. Y se diseñó y aprobó la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción permanente.
Así mismo, se logró la aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el Programa de Protección Integral para firmantes de paz, sus familias y miembros del partido Comunes, con enfoque de género y una participación amplia de firmantes.
Se crearon 24 rutas de respuesta inmediata para la seguridad de firmantes, que se implementan en 27 departamentos. Se han desarrollado 62 sesiones territoriales de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección desde un enfoque de seguridad humana y en desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
“A pesar de todos estos esfuerzos, desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 437 firmantes de paz y 1.386 líderes sociales. A dos años de este gobierno, aún persiste la necesidad de lograr resultados de mayor impacto en la protección de la vida”, expresó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas
Un total de 76.206 familias (94 por ciento) del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) cuentan con asistencia alimentaria inmediata, 65.498 tienen asistencia técnica integral y 77.430 avanzan con proyectos de auto-sostenibilidad y seguridad alimentaria.
Además, 414 iniciativas de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo cuentan con ruta de implementación en 48 municipios PNIS y PDET, correspondientes al 50,9 por ciento.
Punto 5, acuerdo sobre las víctimas
Se han formulado 79 Planes Integrales de Reparación Colectiva. De estos, 45 para sujetos de reparación colectiva étnicos, 28 a comunidades campesinas y seis a organizaciones y grupos.
Se han realizado 355.596 giros de indemnizaciones a 305.165 víctimas, por un valor de 3,1 billones de pesos.
De estas, 296.692 han sido víctimas indemnizadas por vía administrativa y 8.473 por vía judicial.
Se han habilitado 15.604 solicitudes de restitución de tierras en ruta individual (88 por ciento de las solicitudes recibidas). De estas, 10.772 cuentan con trámite finalizado y corresponden a 140.191 hectáreas dirigidas a 31.640 personas.
Punto 6, implementación, verificación y refrendación
Se activó y se recuperó del rol político de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, y se realizó la primera sesión territorial de esta instancia en Putumayo, con participación de más de 250 personas firmantes de paz, comunidades, Gobierno Nacional y autoridades locales.
Además, avanza la revisión y actualización del Plan Marco de Implementación, como hoja de ruta para el cumplimiento de lo acordado. Son más de 100 ajustes y la creación de más de 70 indicadores a los existentes.
El informe también incluye los avances en la implementación de los capítulos étnico y de género, además de los progresos en materia normativa y legislativa.
Con información de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Vía Presidencia