Cuatro profesionales de la Ciudad Jardín tras estudios evidencian las irregularidades del proyecto. Aquí toda la información.
El documento fue elaborado por ingeniero ambiental, arquitecto, contador público y un médico veterinario, quienes residen en los barrios circundantes a este establecimiento, motivados, según ellos por el positivo cambio que ha sufrido el sector durante los más de 14 meses que lleva cerrado el matadero.
Sostienen en la comunicación enviada de forma anónima a este medio que «la pandemia que padecemos sirvió para que, al estar más tiempo en casa pudiésemos percibir un ambiente más sano, libre de tan desagradables olores, de los gritos, chiflidos, pitos y mugidos hasta bien entrada la madrugada originados todos en el matadero municipal. Ya las mujeres de nuestras casas pueden hacer ejercicio en las zonas verdes y el parque aledañas a la casona, sin tener que ser victimas de las palabras soeces y morbosas que le proferían algunos hombres que visitaban o trabajaban en el matadero«
Indican que «el mantener abierto el matadero público es una excusa utilizada por todos los alcaldes para contratar multimillonarias obras que han servido para alimentar sus bolsillos (como pasó con uno celebrado en octubre de 2019 que solo se termino y de muy mala manera en diciembre de 2020, estando pactada su duración en 3 meses) o para contratar a los amigos del alcalde de turno, como es el caso de una ingeniera forestal que lo administró hasta su cierre.»
Afirman además que, desafortunadamente y por la falta de oportunidades de empleo que hay en Fusagasugá, los 4 autores del documento adjunto, tienen de una u otra manera vinculación con la Administración Pública en este municipio, por lo que no pueden dar sus nombres o salir a denunciar públicamente las afectaciones que padecen sus familias, por lo que como estrategia, han utilizado el exponer personalmente ante el procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Cundinamarca, el controlador Departamental, el Director General de la CAR y el INVIMA; radicando sendas denuncias, a los 14 presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios circunvecinos, y enviados los textos para documentar al alcalde municipal y al personero respectivamente.
Señalan que, «con preocupación vemos cómo el secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras, viene anunciando a viva voz (ante el Concejo Municipal inclusive, como consta en la grabación de la sección a la cual fue citado), que hará inversiones cercanas a los 800 millones de pesos para ‘adecuar el matadero municipal’ y en ningún medio o ante nuestra comunidad ha hablado de como solucionar las innumerables afectaciones que origina el funcionamiento de este antro».
Argumentan que «es fácil presumir que el alcalde y su secretario siguen utilizando este matadero para su beneficio, desconociendo totalmente qué normas rigen este tipo de establecimientos, las cuáles están incumpliendo y qué derechos tiene la ciudadanía vecina de este matadero».
Por último señalan que «la Empresa de Servicios Públicos, EMSERFUSA E.S.P., otorgó un permiso de vertimientos de aguas residuales originadas en el matadero al alcantarillado público municipal, convirtiéndose esto en un mecanismo de evasión del cumplimiento de las exigencias establecidas por los Ministerios de Salud y Ambiente para la calidad del agua que deben verter los mataderos de ganado bovino. No se conoce de resultados de análisis de aguas elaborados por laboratorios certificados por el Ministerio que demuestren que esta actividad se desarrolla de manera legal (por norma EMSERFUSA debe exigir dos al año), pero en cambio, si existen sendas denuncias de la comunidad instauradas ante la CAR, con videos y testimonios, que demuestran que las aguas rojas y contaminadas del matadero fluyen por un tramo de alcantarillado, el cual conecta con nuestros hogares, hasta una quebrada a pocas cuadras de ese establecimiento. Sobra decir que estas denuncias están engavetadas en la CAR para no afectar a los mandatarios de turno».
Aquí pueden descargar el documento completo.
Por: Alejandro Castro Guerrero
