El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió mantener como rector de esta institución pública a Adriano Muñoz, a pesar de que el Ministerio de Educación demostró que no cumple con los requisitos y a que se habría presentado una manipulación del expediente. Dudas detrás de un polémico fallo.
Por: Semana.com
Pese a que hace un par de semanas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del rector de la Universidad de Cundinamarca, Adriano Muñoz, una demanda que interpuso el Ministerio de Educación por las supuestas irregularidades que hubo en su elección, las dudas y suspicacias continúan. Ahora se habla de una posible manipulación del expediente para favorecer al rector de la institución educativa.
Puede leer: En jaque nuevo rector de la Universidad de Cundinamarca
Desde que Muñoz fue escogido como rector en diciembre de 2015, su elección ha estado en constante cuestionamiento, tanto así que el 17 de febrero de 2016 el Ministerio de Educación decidió demandar su nombramiento. Según la demanda conocida por Semana.com, el rector no cumplía con los requisitos de experiencia académica y estaba “inhabilitado para postular su nombre y ser elegido en propiedad, porque durante el año anterior al proceso de elección hizo parte del Consejo Superior de la universidad, primero como secretario general y luego como rector encargado”. Para esta cartera, las irregularidades eran tan evidentes que por eso ninguna de las nueve actas correspondientes al proceso de elección fueron firmadas, es decir, que no son válidas. Situación confirmada por Semana.com en marzo de este año cuando revisó el expediente (ver actas sin firmar).
Lo sorprendente del caso es que una vez cerrada la etapa probatoria, el 8 de marzo (ver constancia de vencimiento de alegatos), instancia procesal en la que no se pueden practicar más pruebas, Luz Angélica Vizcaíno Solano, nueva secretaria general de la universidad, entregó el 22 de marzo al tribunal las nueve actas firmadas pero que son distintas a las que se encontraban en el expediente (ver oficio de remisión de actas al tribunal). Precisamente, las actas firmadas en el expediente son uno de los puntos que tuvieron en cuenta los magistrados para fallar a favor la demanda contra Muñoz.
Problemas en las firmas de las actas
Cuando el Ministerio de Educación solicitó, a inicios de 2016, las actas del proceso de elección de rector para incluirlas en la demanda, el entonces secretario del Consejo Superior Universitario (CSU) Juan Eduardo Díaz Cardona, las entregó con una constancia que dice que los documentos habían sido aprobados “en la sesión ordinaria realizada el 4 de febrero del año 2016, la cual fue presidida por el señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y contó con la participación de todos los miembros del Consejo Superior” (ver constancia). Sin embargo las actas no aparecen ni firmadas por el gobernador de Cundinamarca ni por Díaz, el mismo que emitió la certificación. Además, causa extrañeza que las nueve actas producidas entre septiembre y diciembre de 2015 hayan sido aprobadas en febrero de 2016.
Según los alegatos de la coadyuvante del demandante, las irregularidades no paran allí. Por ejemplo, el acta de 014, en la que se habilita a Muñoz para participar como candidato, debía haber sido firmada por Piedad Caballero Prieto, presidenta del CSU, delegada por el gobernador de Cundinamarca y por Sergio González Sandoval, secretario ad hoc del CSU y no por Rey y Díaz.
Pero la cuestión no para allí. Las nuevas actas entregadas por Luz Angélica Vizcaino por fuera de los términos de la demanda aparecen firmadas por otras personas. En la número 14 los firmantes son Jaime Alberto Cataño, presidente ad hoc del CSU y Adalberto Beltrán Clavijo, secretario ad hoc del CSU, cuando para la época de las reuniones no cumplían esas funciones dentro del órgano. “Son actas firmadas por integrantes del Consejo Superior, pero que para la fecha de las sesiones no ejercían ni la presidencia, ni la secretaría del consejo. No son funcionarios públicos, sino particulares”, afirmó la coadyuvante (Acta firmada).
Para justificar estas firmas se le agregó un par de párrafos que no aparecían en las que originalmente reposaban en el expediente, y en los que se dice que en la sesión del CSU del 10 de febrero de 2017 se leyó un concepto jurídico que permite a Cataño y a Beltrán firmar las actas relacionadas con el proceso de elección del rector. Además agrega que “mediante oficios del 30 de junio de 2016 los doctores Piedad Caballero Prieto, y Sergio González Sandoval hacen constar han leído el proyecto de la presente acta y constatan que el contenido a la realidad y aprobadas (sic) en la sesión del 4 de febrero de 2016”.
Lo mismo sucede con el acta 022 del 14 de diciembre de 2015 en la que el CSU elige a Muñoz como rector. El documento entregado en febrero de 2016 al Ministerio de Educación no aparece firmado ni por el gobernador Rey ni por Díaz Cardona, pero el entregado por la secretaria general Viscaino, ahora sí tiene las firmas del entonces presidente del CSU Néstor Ferney Pérez Herrera y del mismo Díaz Cardona (ver acta). La pregunta que surge es: si según la constancia de Díaz Cardona, esta acta fue aprobada por Rey, ¿Por qué no aparece firmada por él?
Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por Semana.com no entienden el fallo del tribunal ya que para ellos queda probado que Muñoz no podía ser candidato a la rectoría y mucho menos comprenden cómo permitieron el cambio de actas en un momento en que no se podía hacer. “Este cambio de las actas en el proceso judicial, podría configurar los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público”, afirmó el funcionario del ministerio.
Semana.com contactó a Muñoz para que ofreciera su versión. En un correo respondió que “con mucho gusto daré las respuestas por parte de la universidad con los respectivos soportes documentales”, sin embargo a la fecha de publicación del artículo no ha respondido. Este medio también ha tratado infructuosamente de localizar a Díaz.
