Además plantea que el Estado ayudaría con contratos, créditos y pensión a informales asociados. 

Las propuestas del candidato Gustavo Petro han movido parte de la campaña. En parte porque él lleva más de un año punteando en las encuestas, y además porque algunas plantean cambios de fondo al funcionamiento del Estado.

Entre las cerca de 120 que incluye el programa de gobierno que Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, publicaron la semana pasada están las ya discutidas: como la reforma a la salud, la pensional, o el freno a la exploración petrolera.

Aparte de estas, hay por lo menos siete propuestas que no se han discutido tanto y que son muy llamativas:

1. El Estado le daría empleo a todo el que lo pida

El programa dice que, de ganar, implementará “un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia, ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado”.

Esta propuesta sería, de alguna forma, un sustituto de la renta básica, que el programa no menciona; en su lugar habla del “derecho fundamental al ingreso mínimo vital”. Este no se garantizaría a través de un subsidio sino convirtiendo al Estado en un mega empleador que cubra a las personas que no logran conseguir trabajo en el sector privado.

El texto indica que el Estado los contrataría para pequeñas obras de impacto veredal o barrial y programas de convivencia para reducir la violencia.

Aunque la cantidad de personas empleadas por esta vía no sería fija, y dependería de si hay o no crisis de empleo, hoy sería enorme: según datos del Dane para enero de 2022 había 3,5 millones de personas desempleadas. Esto es cerca del triple de los servidores públicos que tiene Colombia actualmente: 1,3 millones.

Los costos para el Estado de sostener este programa, si se les pagara un salario mínimo sin prestaciones a los 3,5 millones de desempleados (el programa habla de “salario básico”) serían de 42,6 billones de pesos al año. Esto es 2,5 veces los subsidios de emergencia que el Gobierno entregó en el primer año de la pandemia para los más pobres.

2. El Estado ayudaría con contratos, créditos y pensión a informales asociados

Varias de las propuestas se refieren a las llamadas “economías populares” que el programa define como “la población económicamente activa, que realiza su trabajo en la informalidad, de los cuales el 80 % trabaja por cuenta propia, principalmente en actividades que no les permiten ganar ni siquiera un salario mínimo mensual”.

La propuesta es promover que esa economía popular se asocie y darle beneficios como que el Estado compre a esas futuras organizaciones bienes y servicios de forma directa (sin licitación ni similares) y que les dé créditos más baratos y condonables a través de una banca pública unificada que compita con los bancos privados.

El proyecto de unificar la banca pública es del gobierno de Iván Duque y fue una de las banderas de Alberto Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda. Su reforma tributaria de 2021 buscaba crear el “Grupo Bicentenario”, el holding de entidades financieras estatales como el Banco Agrario, Findeter, Finagro y Bancoldex. De haberse concretado, habría sido el tercer grupo financiero más grande del país, solo por debajo del Grupo Aval y de Sura.

La propuesta de Petro es retomarlo y llevarlo más allá, al fusionar las entidades financieras. Así, habría un súper banco público con “mayor capacidad de préstamo” que pueda financiar, entre otros, proyectos de la economía popular.

El lío es qué tan bueno es el Estado siendo banquero.

Para Germán Arce, presidente de la Asociación de Fiduciarias, “la experiencia de Colombia gestionando actividades financieras con patrimonio público no ha sido buena. En la crisis de la década de 1990, los primeros que se quebraron fueron los bancos públicos. No quiere decir que lo mismo pasará mañana, pero es claro que prestar plata con criterios políticos y no económicos expone más a los bancos públicos en momentos de crisis”.

El programa también plantea garantizar acceso a pensión a “los adultos mayores de la economía popular” y a los que aún son jóvenes, con el Estado aportando parte de la cotización para ellos, aunque no especifica el monto.

Carlos Sepúlveda, decano de de Economía de la Universidad del Rosario, considera que esta propuesta de economía popular podría funcionar como una política puntual de impulso a ciertos sectores, pero no como la columna vertebral de un sistema que acaba la informalidad.

“Si el programa de contratación directa se aplica en un contexto rural, de economía campesina, es factible. Lo mismo con la ayuda a la cotización a pensiones de algunas personas que podrían declararse formales. Pero esto no es una política de formalización. Si ese programa va a definir la dinámica económica de Colombia, es grave. Porque esto no va a mover la estructura de la informalidad”, explica.

3. La reforma tributaria le cobraría más a los dividendos y las ganancias ocasionales

Petro dijo inicialmente que su reforma tributaria le subiría impuestos “solo a 4.000 personas”, los más ricos del país, aunque luego él y sus asesores han matizado esta afirmación y el programa no menciona a los 4.000 ricos.

En su lugar, busca cobrar más a los accionistas de empresas subiendo el impuesto a los dividendos (las utilidades que reparten las empresas a sus accionistas): pasarían del 10 por ciento a tarifas progresivas del 0 hasta el 39 por ciento, dependiendo de sus ingresos. Es decir, que los dividendos se cobren como se cobra la renta por ingresos de trabajo: los que ganan más pagan más y viceversa.

Además, propone que sea obligatorio que las empresas repartan al menos el 70 por ciento de sus utilidades como dividendo, para así poder cobrarles a los accionistas que las reciban. El lío es que las empresas muchas veces deciden no repartir sus utilidades para guardarlas para hacer inversiones y crecer, por ejemplo, por lo que es económicamente polémica. Además, seguramente sería demandada ante la Corte Constitucional por intervenir en decisiones que estarían protegidas por la libre empresa.

El programa también propone subir el impuesto a las ganancias ocasionales, el que se paga por ingresos que no son recurrentes como vender la casa en la que se vive o ganar la lotería. Ya no sería siempre del 10 por ciento sino, como el impuesto a los dividendos, iría subiendo hasta el 39 por ciento. Esto podría desincentivar ciertas inversiones, pero también obligaría a que los grandes negocios paguen más impuestos.

Aunque el énfasis de la propuesta es que las personas más ricas paguen más, su propuesta no incluye un impuesto al patrimonio, que afectaría exclusivamente a los de más recursos. También aclara que no tocará el IVA de la canasta familiar pero sí propone “impuestos saludables” que le cobren más a productos poco nutritivos para desincentivar su consumo.

4. Eliminaría el servicio militar obligatorio y el Esmad

El programa promete reformar las Fuerzas Militares, comenzando con acabar el servicio militar obligatorio, crear programas de educación superior para todos sus miembros y ajustar “la política de ascensos por la vía de la meritocracia”.

El texto no explica cómo sería el proceso de acabar el servicio militar, que tendría un impacto grande porque alrededor de una cuarta parte de los militares son soldados prestando servicio, y además los soldados profesionales que existen son antiguos reclutas que deciden quedarse.

Según datos del Comando General de las Fuerzas Armadas, las 70.950 personas que estaban prestando servicio militar en 2017 eran el 26 por ciento del pie de fuerza.

Aunque el programa no menciona cómo se cubriría este vacío, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda dice que va en la línea de una propuesta que él y otros congresistas han hecho en el Congreso: cambiar el servicio militar por un “servicio social para la paz”, que implique otras actividades comunitarias por fuera de lo militar.

Paralelo a este cambio en las Fuerzas Militares el programa propone retomar las negociaciones con el ELN, retomando la experiencia del acuerdo con las Farc, y una política de sometimiento de organizaciones criminales como el ‘Clan del Golfo’ y otras.

También se propone reformar a la Policía, que saldría del Ministerio de Defensa y para pasar al del Interior (una propuesta que han repetido los expertos hace varios años, pero que ha sido rechazada por algunos por temor a politizarla).

Además, el Esmad sería desmontado y reemplazado por “una fuerza orientada a la solución pacífica de conflictos”.

La Policía dejaría de cumplir funciones militares, por lo que desaparecerían cuerpos como los escuadrones contraguerrilla; no es claro quién o cómo se reemplazarán. El texto, además, dice que la reestructuración de la Policía recogerá propuestas de la sociedad.

5. Las mujeres y las comunidades étnicas tendrían más participación en el Estado

El programa dice que “las mujeres ocuparán, al menos, el 50 % de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder”. Hoy, por la ley de cuotas del 2000, debe haber un 30 por ciento de mujeres en el máximo nivel decisorio y en cargos medios de libre remoción. Eso extendería la paridad a cargos de carrera, como la administrativa y judicial, que hoy no tienen cuotas porque, según la ley, “se basan exclusivamente en el mérito”.

La propuesta también amplía lo que plantea el nuevo código electoral, a la espera de ser sancionado. Este dice que en las candidaturas al Congreso o en cargos que se sometan a consulta con más de cinco aspirantes, la mitad deberán ser mujeres.

La propuesta de Petro busca que no solo el 50 por ciento de las aspirantes sean mujeres, sino que la mitad de las personas elegidas lo sean. Esto aplicaría para el Congreso, asambleas, concejos y JAL. Implicaría eliminar el voto preferente y que todas las listas sean cerradas e intercaladas entre hombres y mujeres como lo de la lista del Pacto Histórico (algo que Petro buscó cuando se discutía el código electoral en el Congreso).

El programa también propone que en las estructuras del gobierno haya una representación de indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros “proporcional a su presencia poblacional, territorial y cultural en Colombia”.

No aclara cómo se entenderían estos dos últimos criterios ni cómo aplicaría la representación.

6. Crearía dos nuevos ministerios

El programa propone crear los ministerio de Igualdad y de Industria (que se separaría del de Comercio, Industria y Turismo).

El primero, que estaría encabezado por la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, tendría a su cargo eliminar las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres, grupos étnicos, viejos y jóvenes, y entre preferencias sexuales.

Uno de sus pilares sería un Sistema Nacional de Cuidado que, entre otras acciones concretas, garantizaría a las mujeres “un ingreso mínimo básico por encima de la línea de pobreza” en un monto no especificado y llevaría a incluir en las cuentas nacionales, como la que mide el Producto Interno Bruto, el trabajo en los oficios de cuidado (mayoritariamente por mujeres) y coordinaría para que valga como semanas de cotización para la pensión de las mujeres.

En cuanto al Ministerio de Industria, su principal función sería coordinar el cambio económico que propone Petro, enfocado en impulsar la producción nacional sobre las importaciones, incluyendo “eliminar gradualmente” aranceles a productos que potencien la industria nacional (como algunos insumos agropecuarios) y subirlos a las importaciones que afectan los productos que se hacen en Colombia.

Actualmente, la decisión de subir o no aranceles se toma a partir de las recomendaciones de un comité técnico llamado Triple A, compuesto por funcionarios de los ministerios de Comercio, Hacienda, Agricultura, Minas, el Departamento Nacional de Planeación, la Dian y la superintendencia de Industria y Comercio.

Ese comité orienta la política de aranceles para evitar que un aumento tenga impactos, por ejemplo, que suban el precio de los alimentos. La nueva política estaría dirigida por otro criterio: la generación de empleo.

7. Reformaría las ramas del Estado que no dependen del Presidente

El programa plantea una serie de reformas, empezando por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que describe como “órganos cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos”; una narrativa que Petro ha reforzado recientemente por los errores de la Registraduría en el preconteo de las elecciones al Congreso del 13 de marzo.

El programa propone sustituir al CNE por un Tribunal Electoral, “que garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público”. No aclara cuál sería el nuevo proceso para elegir a sus magistrados; los del CNE son elegidos por el Congreso y responden a alianzas políticas de los partidos, por lo que llegan personas sin experiencia técnica, como candidatos quemados al Congreso.

También propone reformar la rendición de cuentas de los congresistas, que hoy consisten en informes anuales, y “reformar el sistema de elección del Congreso de la República, principalmente, para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan”.

El texto no da más detalles sobre los alcances de la reforma, pero implicaría integrar mecanismos de democracia directa (como plebiscitos o consultas populares) en algunos temas que discute el Congreso.

El programa también plantea reformar la Procuraduría y la Contraloría para “eliminar la duplicidad de funciones y las grandes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, y modificar el mecanismo de elección del Fiscal General (que actualmente elige la Corte Suprema de Justicia de una terna que envía el Presidente) “con total independencia del gobierno de turno”.

Vía Las 2 Orillas