Las ausencias de los legisladores a las sesiones del Congreso le pueden estar costando al Estado colombiano un estimado de COP 1.200 millones de pesos (alrededor de USD 400 mil), según una investigación ciudadana presentada este martes en Bogotá por la veeduría denominada “Trabajen Vagos”.

En los resultados de la investigación se hizo una lista de los 30 congresistas colombianos que más se ausentaron durante el periodo 2014-2018, que fue escogido por el grupo de ciudadanos como objeto de estudio, como explicó ante los medios de comunicación la vocera de la veeduría, la periodista y politóloga Catherine Juvinao.

El origen de la investigación

Después de que la consulta anticorrupción no alcanzara el umbral requerido en las urnas para ser aprobada -12’140.132 votos- en agosto de 2018, ocho activistas decidieron reunirse para investigar si los congresistas iban o no a trabajar, como lo manda la Constitución y las leyes.

Así nació en septiembre del 2018 la iniciativa ciudadana ‘Trabajen Vagos‘, que investigó si los congresistas asistieron o no a las sesiones plenarias para votar las leyes durante el periodo 2014-2018.

Según la politóloga Juvinao, la investigación está completamente ceñida a lo que dicta la ley, según el artículo 183 de la Constitución colombiana y la Ley 5 de 1992 (el reglamento del Congreso).

En una “revisión tremendamente juiciosa durante seis meses”, la investigación comenzó con las gacetas del Congreso que estaban disponibles en la página web del órgano legislativo.

Sin embargo, el registro de asistencia de los legisladores fue una de las dificultades con las que se encontraron los investigadores.

“El motor de búsqueda de las gacetas es el primer gran obstáculo para que un ciudadano pueda conseguir la información de manera rápida y expedita”, porque almacenaba gacetas de fechas distintas a las solicitadas, según Juvinao.

Por ejemplo, “aparecía el 2 de abril de 2019 y resulta que cuando yo abro la gaceta, es de diciembre 2 de 2018”, explicó la vocera.

“No es posible en este momento, a través de un canal expedito, rápido, transparente, amigable con el ciudadano saber algo tan elemental como las asistencias. (…) Y eso, en este momento, con las reglas actuales del Congreso de la República no se puede saber”, denunció Juvinao.

Los documentos fueron solicitados tanto a Cámara como Senado a través de derechos de petición, así como la consulta en la Biblioteca del Congreso, “en un archivo escondido en una esquina”, según la vocera, donde había cajas y cajas de información desorganizada.

Entre los documentos solicitados, se sumaron “actas de la Comisión de Acreditación Documental, permisos que pidió la Mesa Directiva en comisiones oficiales, todas las excusas válidas del cuatrienio, una relación de todos los descuentos de nómina por las sesiones a las que no asistieron a una u otra sesión plenaria”.

Esta información fue cotejada durante tres meses de forma manual, indicó la activista.

Los “ausentistas”

La lista de congresistas es encabezada por el entonces representante a la Cámara y hoy senador del Partido Conservador David Barguil, quien registró 73 inasistencias durante el cuatrienio, un 42% del tiempo analizado. Esto representa, según arroja la investigación, un total perdido de COP 76.240.769, que devengó el político por los días que no trabajó.

A Barguil lo sigue en la lista el senador del partido Cambio Radical Luis Eduardo Díaz Granados, del departamento de Atlántico, quien registra 60 inasistencias, para un total de COP 62.663.646 que recibió sin ir a trabajar.

De cuarto en la lista, está el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello Baute, del departamento del Cesar, quien ha faltado a 54 sesiones y ha propuesto proyectos de ley como “el lunes sea el primer día de la semana y la ley de honores a Diomedes Díaz”, según cita el informe.

En total, las ausencias de los 30 congresistas entre 2014 y 2018 le costó al Estado un total de COP 1.193.742.457 (USD 376.350)

En la lista de ausentistas hay varios casos notorios de congresistas, bien porque están incursos en investigaciones ante la justicia por corrupción o ‘parapolítica’, o porque han generado polémica en los medios de comunicación por sus actuaciones. Algunos de estos nombres son:

Arturo Char Chaljub, del partido Cambio Radical, quien según la investigación, “es el senador que más se enferma en el Congreso de la República, aproximadamente una vez al mes”. Registra un total de 33 fallas, de las cuales una mensual es una excusa médica, expedida por el mismo doctor, según indica Juvinao.

Sara Piedrahita Lyons, incursa en una investigación por desviar recursos de la salud de su departamento para financiar su campaña, quien es prima del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, destituido por 15 años por desfalco al departamento y envuelto en el escándalo de “El Cartel de la Toga” (magistrados de la Corte Suprema que recibían sobornos para fallar casos a favor de congresistas). Registra cuatro periodos perdidos con 51 fallas.

Silvio Carrasquilla, representante a la Cámara del Partido Liberal, quien aseguró en 2017 que “he querido no buscar la Constitución, no buscar las normas ni las leyes, sino buscar la Biblia”, para votar un referendo sobre adopción para parejas LGTBI. Dos periodos perdidos con 37 fallas.

Olga Lucía Suárez Mira, exsenadora del Partido Conservador, perteneciente al clan Suárez Mira, que controla el poder en el municipio de Bello, Antioquia. Tres periodos perdidos con 35 inasistencias

La pérdida de investidura

El siguiente paso de la veeduría es demandar a estos primeros 30 congresistas de la lista ante el Consejo de Estado para iniciar procesos de pérdida de investidura. Esto también podría avanzar hacia fallos que determinen la muerte política de senadores y representantes a la Cámara, incluso cuando ya no ejerzan como legisladores.

“Señores congresistas: esto no es contra ninguno de ustedes; esto lo queremos decir con la mayor transparencia y honestidad; no lo estamos haciendo porque vayamos a ser candidatos a nada; esto es un ejercicio ciudadano que parte de una inconformidad y de la frustración de que, ante distintos intentos de la sociedad civil por regular esto en el Congreso, no hemos podido”, aclara Juvinao.

La activista dice que espera que “ojalá pueda sentar un precedente, un mea culpa del Congreso actual con todo el país, ojalá puedan salir de aquí unas acciones ciudadanas como jurídicas y en el mejor de los casos, unas acciones de ajuste institucionales para que cese este oscurantismo institucional que existe en el Congreso de la República”.

Fuente: La Semana