Las propiedades estaban a nombre de presuntos testaferros del frente 42 de las desmovilizadas Farc y su cabecilla, alias Negro Antonio, en Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca.

Bogotá, D.C., 7 de de abril del 2019

El CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana fueron los encargados de ocupar tres establecimientos comerciales y 16 inmuebles (nueve viviendas y siete fincas) que estaban avaluados en 20.000 millones de pesos.

Peritos contables de la Fiscalía verificaron el patrimonio de dos grupos familiares, que serían testaferros del entonces frente 42 de las Farc, en cabeza de Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio, y establecieron que, además de no existir ingresos o actividad económica que soportara el aumento de activos, habría indicios sobre su origen ilegal.

“Los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dineros producto de extorsiones y secuestros que esta estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009”, indicó la Fiscalía.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez ha señalado que los activos ilícitos provenientes de las Farc serán destinados a la reparación e indemnización de las víctimas del conflicto. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se hará cargo de su administración.