Fusagasugá se une a la Velatón Nacional en la Plaza Mayor este viernes a las seis de la tarde como rechazo simbólico al ataque masivo a líderes comunales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Defensor del Pueblo dice que las economías ilegales están detrás de los asesinatos.

Vía El Colombiano

La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia llegó al nivel de “crisis humanitaria”, dijo el coordinador del programa Somos Defensores, Carlos Guevara.

“El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, aseguró Guevara.

En los últimos días se ha recrudecido la violencia contra líderes sociales con el asesinato de cuatro de ellos en diferentes regiones del país.

Según cifras del director del cuerpo élite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aunque la Defensoría del Pueblo cuenta un total de 311, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con más asesinatos.

¿A qué se deben los asesinatos?

Guevara explicó que la situación es de “crisis humanitaria” porque “hay actores en distintos territorios que están intentado acabar con la vida de todos y cada uno de ellos”sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios.

Subrayó además la gravedad de la situación al afirmar: “No tenemos respuesta estatal,hay una situación de violencia masiva, no puedo decir que es generalizada, ni que es sistemática, porque no tenemos en este momento cómo evidenciarla pero sí es masiva”.

Es tan masiva que hay 311 líderes asesinados en los últimos 2 años. Si cruzamos datos de todos los líderes asesinados hasta el día de hoy encontramos que la mayoría son líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, barquereos, cocaleros, desplazados, de las zonas de reserva campesina, líderes sindicales, campesinos y Lgbti.

Muchos de los homicidios también siguen un patrón y es que las víctimas son asesinadas muy cerca o dentro de sus viviendas por hombres armados que llegan hasta el lugar y los asesinan frente a su familia. En otros casos se repite otro patrón y es que son raptados antes de ser hallados muertos por las autoridades. También se presenta el asesinato de los familiares de los líderes como los hijos, y eso se evidencia en algunos casos en el Urabá antioqueño.

Otro de los lugares comunes y es que en las zonas donde ha habido mayor disputa por la restitución de tierras y los cultivos ilícitos es donde más se han presentado esta clase de asesinatos, también donde confluyen diferentes actores armados y no hay un mando único establecido. “A los que están asesinando los están matando porque están impulsando quitar una economía considerada ilegal y que beneficia a los narcotraficantes y grupos armados. Y el Gobierno no está tomando medidas para proteger a esos líderes por lo que están expuestos a que los asesinen”, afirma Arnobis Zapata, coordinador de la Coccam en Córdoba.

Según el Gobierno por cada hectárea de coca que se retira, las cadenas de narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año. “Quienes se lucran de ese dinero, que son los narcotraficantes no los campesinos, obviamente ven que se están afectando sus intereses y por eso han asumido esos comportamientos”, reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Ante con continuo asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado al Estado para que responda de manera inmediata por estos hechos.

Según la entidad internacional, el Gobierno es el que debe iniciar las investigaciones y esclarecer los hechos detrás de los asesinatos, y además exigir justicia al respecto.

Así mismo reveló que según sus análisis y denuncias, los departamentos deAntioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son los más afectados por la violencia que se está tomando, de nuevo, al país.

La respuesta del Gobierno

El presidente, Juan Manuel Santos, condenó este jueves la reciente ola de asesinatos de líderes sociales y ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ponerse al frente de la situación.

De acuerdo con el jefe de Estado los inspectores deberán “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública” ante los crímenes ocurridos durante los últimos días. Del mismo modo, añadió que evitar estas acciones delictivas demanda un trabajo en conjunto con múltiples entidades del Estado.

El Defensor del Pueblo Carlos Negret Mosquera dice que las economías ilegales están detrás de los asesinatos, es decir la minería ilegal y el narcotráfico.