Un escandaloso fraude en los subsidios de vivienda para campesinos pobres en los municipios de Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Pasca, Silvania, Venecia y Fusagasugá, destapó la Contraloría General de la República. 

Por: Ricardo Areiza de la Unidad Investigativa La Nación

Un escandaloso fraude en los subsidios de vivienda para campesinos pobres destapó la Contraloría General de la República.  En el carrusel estarían comprometidas varias empresas del Huila, vinculadas en los más grandes casos de corrupción. En solo tres contratos, la defraudación alcanza 9.103 millones de pesos.El organismo fiscalizador encontró graves deficiencias en el proceso de viabilización y validación en la asignación de recursos para los proyectos de vivienda rural. Además, detectó irregularidades en el desembolso de los subsidios de vivienda a las entidades operadoras sin el cumplimiento delos requisitos.  Pero además, puso en evidencia el entramado empresarial utilizado para apoderarse de los recursos públicos, sin cumplir con el objeto contractual.

En los tres contratos se mantiene el mismo esquema. En unos aparece la misma empresa como ejecutora, en otras como interventora y todas, con los mismos accionistas se rotan la administración y operación de los contratos con un agravante: ninguna cumple.

Los casos quedaron nuevamente evidenciados en la construcción de varios proyectos de vivienda campesina. En el Huila sólo se evaluaron ocho proyectos en los municipios de Suaza y Tarqui. Para el Huila se proyectaron 2.123 viviendas rurales en 20 municipios con un costo cercano a los 39.000 millones de pesos.

La auditoría demostró incumplimiento de los plazos de entrega, graves irregularidades en la selección y contratación de las gerencias integrales sin atender las formalidades técnicas, financieras y legales. Y lo más grave: la pérdida de los recursos desembolsados a las empresas contratadas para manejar los proyectos de vivienda, financiados por el Ministerio de Agricultura.

Los proyectos, fueron priorizados en el Pacto Agrario, diseñado tras las protestas campesinas. Sin embargo, en materia de vivienda rural quedaron en veremos.

Primer caso

El Banco Agrario suscribió el contrato de gerencia integral 181 (vinculado al Contrato C-GV2014-106) para el desarrollo de ocho proyectos en los municipios de Suaza y Tarqui con 289 soluciones de vivienda para igual número de hogares campesinos. De éstas 267 correspondían a vivienda nueva y  22 a mejoramientos de vivienda.

El representante del consorcio resultó ser Adriana Marcela Peña Saavedra, cercana a Jaime Saavedra Perdomo. Como suplente actuaba el ingeniero civil Jorge Eliecer Monje Mahecha socio de Jaime Saavedra. Monje Mahecha ha sido representante legal de la Cooperativa Creer en lo Nuestro, entidad vinculada en numerosos escándalos en el manejo de recursos públicos.

La cuestionada entidad aparece como contratista en obras civiles, alimentación escolar, interventorías, dotación, estudios de consultoría, suministros, entre otros.

El contrato fue perfeccionado el 29 de mayo de 2015. El contratista debía administrar los recursos de los subsidios efectivamente asignados a los hogares beneficiados. El acta de inicio se suscribió el 22 de octubre de 2015.

El plazo de ejecución inicial fue de ocho meses contados a partir del primer desembolso, equivalente al 50%,  realizado el 7 de diciembre de 2015. Carreta.

El contrato fue suspendido entre el 27 de junio y el 27  de julio de 2016 y prorrogado el 6 de septiembre siguiente por seis meses más. Al final fue liquidado y los recursos se esfumaron.

Malos manejos

El primer desembolso equivalente al 50% de los subsidios asignados fue consignado en la oficina regional de Neiva en una cuenta manejada exclusivamente por Jaime Saavedra Perdomo el 27 de agosto de 2015.

El 11 de agosto de 2017 el banco dio por terminado el contrato y procedió a liquidarlo unilateralmente al comprobarse que la gerencia integral no ejecutó ninguno de los proyectos que componen el contrato.

Se evidenció incumplimiento del objeto contractual. Al contratista le desembolsaron los recursos para el desarrollo de los proyectos de vivienda en calidad de Gerencia Integral por un valor de 3.033 millones, distribuidos de la siguiente manera:

El 7 de diciembre de 2015 le consignaron 1.992 millones de pesos correspondientes al primer desembolso por cada proyecto por concepto de subsidios de vivienda rural. Estos recursos habían sido transferidos por el Ministerio de Agricultura dentro del pacto agrario.

Adicionalmente le consignaron otros 1.040 millones de pesos en diferentes fechas como contrapartidas. De este monto, 619 millones de pesos correspondían a los aportes de regalías departamentales aplicables para siete proyectos. Otros 374,8 millones de pesos de regalías de los municipios y 46,51 millones aportes propios del municipio de Suaza.

Sin embargo, al 7 de marzo de 2017, fecha en la que se venció el plazo de ejecución, el contratista no pegó ni un ladrillo. La empresa orientada por Saavedra no entregó ningún informe y el estado de avance fue cero.

Anomalías

Según la Contraloría, se pusieron en evidencia graves deficiencias del banco al momento de aprobar el primer desembolso, ya que no cumplía con los requisitos exigidos por el reglamento operativo.

Insólitamente, el banco avaló la apertura de las cuentas corrientes a nombre de Jaime Saavedra Perdomo y no a nombre de la empresa operadora, como lo contempla el manual de procedimientos.

Adicionalmente, la oficina regional del Banco Agrario autorizó que la cuenta se abriera y fuera manejada por una persona natural diferente a la facultada para adelantar las acciones pertinentes. Además permitió que se hiciera con una firma conjunta de los representantes de las empresas que conformaban el consorcio.

Y para rematar, el Banco Agrario, aceptó sin ningún reparo las actas del Comité de Validación donde se aprobaron los informes de interventoría, sabiendo que quienes integraban ese comité no tenían la delegación para representar a las partes (al contratista, al banco y a las alcaldías).

Además, el banco aceptó las actas del  comité de vigilancia y asamblea de beneficiarios realizadas supuestamente el 11 y 12 de julio de 2015 firmada por el interventor William Artunduaga Moreno quien no había sido nombrado. La designación se produjo un mes después el 27 de agosto.

Sin controles

Según el organismo de control, el Banco Agrario, responsable del programa y entidad otorgante de los subsidios no ejerció a tiempo los controles ni aplicó oportunamente los mecanismos contractuales. Entre otras, no hizo efectivos los descuentos monetarios por niveles de servicio, ni la cláusula penal por incumplimiento y menos la cancelación anticipada del contrato.

“Durante la vigencia del contrato no se legalizaron los recursos de subsidios desembolsados, inclusive los recursos de la contrapartida destinados específicamente a financiar la protocolización de los títulos no se encontraron en las cuentas bancarias”, apuntó el investigador.

Estas anomalías, sin duda, impidieron que los beneficiarios, campesinos pobres de Suaza y Tarqui pudieran tener su vivienda, pero además, sin posibilidad de obtener un nuevo beneficio ya que aparecen como beneficiarios sin haber obtenido la vivienda y sin posibilidades de aspirar a otro subsidio.

“Este hallazgo tiene incidencia fiscal ocasionado por el incumplimiento del objeto contractual, cuyo fin esencial era la satisfacción de la necesidad básica de vivienda para 289 hogares beneficiarios del subsidio, el cual no fue alcanzado, produciendo un daño al patrimonio público en cuantía de 2.984 millones de pesos”, concluyó la Contraloría.

Detectado el fraude, la entidad bancaria formuló la denuncia penal contra los responsables el pasado 22 de noviembre de 2017. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha reportado avances.

La interventoría la realizó la sociedad Profesionales en Proyectos y Construcción (Prodeco), fundada por Jaime Saavedra Perdomo desde 1989. La firma aparece representada actualmente por Wilson Oyola Polanía.

“Resulta dudosa la transparencia, objetividad y seriedad de las decisiones en las que las que participó la Gerencia Integral, en la medida en que se evidenció la relación directa entre ésta, la firma interventora y el ejecutor de la obra.

El otro contrato

El Banco Agrario suscribió también el contrato C-GV2014-017 con la Cooperativa de Profesionales de Colombia (Creer en lo Nuestro) de propiedad de Jaime Saavedra, perfeccionado el 10 de diciembre de 2014.

La entidad realizaría la gerencia integral para desarrollar otros nueve proyectos de vivienda nueva en los municipios de Arbeláez, Fusagasugá, Pandi, Pasca, Silvania, Venecia y San Bernardo en Cundinamarca.

Al contratista le fueron desembolsados 3.584 millones de pesos. El 13 de agosto de 2015 recibió 2.341 millones, el primer desembolso y 1.242 millones como contrapartida consignada por las entidades oferentes. Sin embargo, como ocurrió en Suaza y Tarqui, el 13 de mayo de 2017, fecha en la que se vencía el plazo de ejecución, la cooperativa solo había logrado un avance del 50%  sólo en uno de los siete municipios.

Extractos

En las cuentas bancarias, según los extractos aparecieron consignaciones que no correspondían a los abonos de los proyectos. Jaime Saavedra aparecía como la única persona para manejar los recursos de los proyectos en calidad de representante legal de la empresa con nombre de cooperativa. Luego fue nombrada Leidy Viviana Gomez Sepúlveda. Sin embargo en enero del año pasado Jaime Saavedra actualizó su firma y continuó manejando las cuentas. Y se repitieron al pie de la letra las maniobras utilizadas en el Huila. En este caso los recursos también se perdieron.

El daño al patrimonio público, determinado por la Contraloría, fue estimado en 3.583 millones de pesos. El objeto contractual tampoco se cumplió. El contrato fue terminado anticipadamente y liquidado el 22 de agosto de 2017.

“Del total de los recursos consignados en las cuentas de los distintos proyectos se habían retirado 3.584 millones de pesos en cuatro meses, es decir, el 99,97% mientras los avances de obras no eran concordantes con los cronogramas ni con los dineros retirados”, subrayó la Contraloría.

Tercer contrato

La misa empresa con nombre de cooperativa, suscribió el 10 de diciembre de 2014  otro contrato (C-GV2014-017) para ejecutar cuatro proyectos de vivienda en Gachetá, Gama y Gachalá (Cundinamarca) para beneficiar a 210 familias de campesinos pobres.

El acta de inicio fue suscrita el 4de marzo de 2015. El plazo inicial fue de ocho meses contados a partir del primer desembolso ocurrido el 13 de agosto de 2015.  Sin embargo, una vez recibió el dinero fue suspendido el 23 de junio, como ocurrió en los dos casos anteriores.

Ante la nueva defraudación, el 24 de agosto de 2017 la entidad bancaria declaró la terminación del contrato y dispuso la liquidación unilateral.

La Gerencia Integral a cargo de la Cooperativa de Saavedra no logró superar el 50%  en ninguno de los proyectos contemplados en el contrato.

La interventoría resultó la misma constructora Entornos con estrechos vínculos con Jaime Saavedra. El daño patrimonial fue estimado en 2.492 millones de pesos.

Jaime Saavedra, fundador y accionista de Prodeco, es a su vez accionista de la empresa denominada Cooperativa Creer en lo nuestro una de las empresas del consorcio. A su vez contrató la interventoría técnica y contable con la Constructora Entornos, con cercanos vínculos con Saavedra quien es uno de sus accionistas.

A su vez Prodeco fue contratada como interventora en 13 proyectos de Gerencia Integral en donde la Constructora Entornos de Neiva aparece como ejecutora de los proyectos.

Lo anterior muestra que Saavedra tenía, según la Contraloría, un vínculo directo con estas empresas, dada su participación accionaria, lo que afectó la transparencia y el adecuado manejo de los subsidios de vivienda.

Los directivos del Banco Agrario anunciaron que ya respondieron a la Contraloría y formularon las denuncias penales. No dieron más detalles.

¿Coincidencias?

Las mismas empresas aparecen comprometidas en los grandes escándalos de corrupción registrados en materia de contratación. Entre otros aparecen las obras civiles contratadas en convenio con la Usco para mejoramiento de vías, en la construcción del Palacio de los Niños, en la nueva sede del Concejo de Neiva.

Igualmente la firmas están involucradas en la malversación de fondos en la recuperación de la vía Neiva-Tello-Baraya por la cual ya fue sancionada. Asimismo aparecen en la pérdida de recursos para la construcción del Anillo Turístico del Sur. Y lo más grave: siguen contratando.

Algunas obras presentaban enormes deficiencias según lo registró La Contraloría.