El Partido Centro Democrático recibió aval este martes para referendo derogatorio de la Justicia Especial para la Paz (JEP). El comité promotor tiene seis meses para recoger aproximadamente 1’785.000 firmas.

Vía: Noticias RCN TV

La Registraduría Nacional autorizó a los congresistas del Centro Democrático Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada, para dar inicio a la recolección de firmas que permiten derogar, vía referendo, tres actos legislativos que fueron aprobados por ‘Fast Track’ en el Congreso de la República: la Justicia Especial de Paz, el blindaje de los acuerdos y la participación política de las Farc.

«Esta Patria no le pertenece ni a Juan Manuel Santos ni a las Farc, esta Patria es de cada uno de los colombianos, y ésta es una nueva oportunidad para luchar por ella«, aseguró Paola Holguín.

A su vez, la senadora Paloma Valencia expresó que «no se puede derrotar a quien nunca se rinde, Colombia no se rinde y no vamos a permitir que estos criminales y los corruptos del gobierno de Juan Manuel Santos utilicen la paz para destruir las instituciones colombianas«.

El referendo derogatorio es la herramienta que tienen los colombianos para cambiar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

A partir de este martes el comité promotor tiene seis meses para recoger aproximadamente 1’785.000 firmas.

Los congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada ya fueron notificados de la decisión.

General Torres, primer militar sometido a JEP

Mientras tanto también este martes se llevó a cabo la audiencia del general Henry Torres Escalante ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que el uniformado se sometió al tribunal de paz.

Así las cosas, Torres Escalante se convirtió en el primer militar en firmar el acta de sometimiento.

El uniformado presentó a la Sala de manera preliminar, las formas de contribución al esclarecimiento de la verdad a favor de las víctimas y de la sociedad.

«Estoy en la JEP porque considero que en la justicia ordinaria no hay las garantías necesarias para defender mis derechos«, dijo el militar.

Asimismo agregó que, «quiero pedirle perdón a las víctimas con el compromiso de que esto jamás vuelva a suceder«.

El general es investigado por presuntos delitos cometidos en medio del conflicto armado, al estar involucrado por su presunta participación en dos casos de falsos positivos en el año 2007.

Se trata de la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, respectivamente, caso que lo tuvo privado de la libertad desde el 26 de marzo del 2016, cuando se entregó a las autoridades.