La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un «decreto constituyente» para allanar la inmunidad parlamentaria del presidente interino designado por el Parlamento, Juan Guaidó, y autoriza a las autoridades a continuar procesos de investigación contra el diputado luego de que este lunes el TSJ lo declarara en desacato e instruyera al órgano supraconstitucional que procediera con dicho allanamiento.

Previamente el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, leyó la decisión emitida por el TSJ, donde se instruía al ente proceder con el despojo de la inmunidad, a pesar de que según la Carta Magna aprobada en 1999, aún en vigencia, establece que este proceso solo podrá llevarlo a cabo el poder Legislativo a través de un antejuicio de mérito.
“Nos pide que se haga lo pertinente desde la ANC para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, que sigan las investigaciones necesarias y juicios necesarios, que haya justicia en el país, la justicia que será la garantía de la paz en el país”, precisó Cabello.
La discusión comenzó luego de que se aprobara la Ley Constitucional del Plan de la Patria, un nuevo instrumento político que el ente, conformado en su integridad por oficialistas, le da rango constitucional a pesar de que no se ha redactado una nueva Carta Magna que debería ser sometida a votación popular para su aprobación.
Piden tribunales populares para «que el pueblo decida qué hacer»
La constituyentista María León abrió el debate expresando que le parecía muy poco el allanamiento de inmunidad al tildar al diputado de «traidor a la patria», por lo que sugirió hacer tribunales populares «para que el pueblo diga qué hacer».
«Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano (…) yo pediría que haya sanciones, yo pediría tribunales populares, yo pediría que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona a la patria», puntualizó León.
Asimismo, la constituyentista María Gabriela Vera tildó de «apátrida» a Guaidó al considerar que el parlamentario promueve una «intervención extranjera» en el país.
Por su parte, la primera vicepresidenta del órgano plenipotenciario, Tania Díaz, acusó a la Asamblea Nacional (AN) de subvertir el orden atentando «contra los poderes de la República» y desconociendo «la voluntad de un pueblo» que eligió a Maduro el pasado 20 de mayo.
«Tenemos el deber como constituyentes de hacer lo que nos corresponde. El tiempo de la justicia está llegando por eso hoy recibimos un carta del TSJ, no puede ningún venezolano adjudicarse el derecho de quitarnos la tranquilidad», agregó antes de exhortar a los «órganos de justicia que asuman su responsabilidad”.
Por último, Cabello tomó la palabra como ponente para criticar el proceder de la oposición a quienes señaló como promotores «de una guerra» que no solo afectaría a Venezuela sino, a su juicio, a toda la región.
«Ellos nos han querido llevar a una guerra, han dicho que no les importan las muertes porque son parte de una inversión. No tienen la más mínima idea de las consecuencias para un país y un continente de una guerra», precisó.
A su vez, remarcó que «en la oposición nadie asume responsabilidad de nada», al tiempo que se atrevió a asegurar que «los partidos de oposición que no son del grupo de Guaidó están felices porque le estamos allanando la inmunidad parlamentaria porque viven intrigándose entre ellos».
Finalmente sometió a votación un «decreto constituyente» para autorizar «formalmente la continuación del juicio» para que los órganos judiciales «se encarguen de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales» enmarcados en la Constitución.
Fuente: El Universal