Duque aplaza hasta la próxima semana la firma del decreto para incautar, habrá multa de 208 mil pesos.

Bogotá, D.C., 28 de septiembre del 2018

El presidente Iván Duque busca apoyos para el decreto que le da facultades a la policía para confiscar la denominada dosis mínima en Colombia.

Entre los debates que no tienen fin está el que afronta las posibles soluciones al narcotráfico; y el decreto que expide el Gobierno para facultar a la Policía para que decomise la dosis mínima de droga no es la excepción.

El Centro Democrático defendió la iniciativa gubernamental, mientras que la Alianza Verde, el Polo y otros sectores la critican.

El decreto con sanciones administrativas para el porte de dosis mínima en lugares públicos es la primera pieza de la gran política integral para resolver el problema de drogas. Nosotros queremos sacar la droga de los parques y los espacios públicos”.

por su parte los otros sectores afirman que con la medida “vamos a poner a la Fuerza Pública a perseguir al que consume y a convertirla en una fuente de abusos hacia ellos”, anotando que “el decreto sobre dosis antidroga del gobierno Duque no soporta una revisión de constitucionalidad. Estanos volviendo al pasado, penalizar el consumo. Es ineficiente y de una ingenuidad absoluta”.

El presidente Iván Duque aseguró que “haremos promoción de hábitos saludables y de salud pública, pero la decisión se hará en desarrollo del Código de Policía. No vamos a ser indiferentes a la droga en las calles”.

El decreto, que se hizo público hace algunos días, hace posible a partir de este viernes que las autoridades colombianas decomisen las dosis mínimas de cocaína, heroína, marihuana y drogas sintéticas.

Dicho procedimiento indica que la persona a quien se le decomise la droga deberá demostrar que es adicto por medio de un certificado médico o de una carta de los padres. De lo contrario, la droga será destruida.

Al respecto, la ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero, aseveró que la norma no va en contravía del concepto de la Corte Constitucional sobre el libre desarrollo de la personalidad, pues no contempla penalización alguna.