Un juez de Paloqueamo dejó en libertad, este martes, al exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia,  Francisco Javier Ricaurte, asegurando que su caso entró en lo que en leyes se conoce como “vencimiento de términos”.

Al ex funcionario se le seguía un procedimiento judicial tras presuntamente resultar implicado en delitos  por cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso de información privilegiada por su supuesta participación en el ‘Cartel de la Toga’

La denuncia en su contra data de diciembre del año 2017 y no fue hasta este martes cuando  la defensa exige su libertad por considerar que se » caducaron los plazos para que el hombre fuera convocado a juicio», alegando además  que el sujeto estaba privado de su libertad desde septiembre del mismo año cuando se formuló su denuncia en su contra.

En ese sentido el Juez 29 de Garantías  acogió los argumentos del abogado defensor y decidió dejar en libertad al exmagistrado investigado por el entramado de corrupción que se suscitó al interior del Palacio de Justicia.

Argumentos del juez para excarcelarlo

El Juez expuso que se superaron los 240 días de privación de la libertad sin que se hubiese iniciado el juicio oral, hecho por lo que se debía otorgar la libertad provisional.

Apoyando esta acción, alegó  el exfiscal General Guillermo Mendoza Diago,  quien afirmó que «está práctica es normal dado que así lo dicta la Ley 906 del 2000».

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Mendoza Díago explicó  que “la ley misma prevé que las personas tienen derecho a un juicio rápido y sin dilaciones injustificadas. Entonces, sobre esa base se ha previsto que los procedimientos tengan una duración limitada”, expresó.

Otros precedentes similares en la Administración Publica 

La figura de vencimiento de términos se ha conocido en el ordenamiento jurídico en varios procesos judiciales. Incluso, en 2017, Víctor Maldonado investigado por el caso Interbolsa también recobró su libertad por este medio.

Otro fue el expresidente de la Refinería de Cartegena, Reyes Reinoso. En esa ocasión fue el Juez 30 quien ordenó su libertad precisamente porque la Fiscalía nunca dejó en firme su llamado a juicio.

También Jesús Henao Sarmiento, un excontratista de Córdoba que está vinculado en la desaparición del exdirector de regalías del departamento, Jairo Zapa, asesinado en 2014.

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En este caso, el abogado del excontratista solicitó la libertad dado que transcurrieron más 180 días desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación y aún no se ha instalado el juicio, al parecer, por apelaciones e incapacidades del fiscal del caso.

Otro hecho considerado bajo esta acción jurídica  fue el de los procesados por el atentado al Centro Comercial Andino, en el que perdieron la vida tres mujeres luego de que un artefacto explosivo estallara en los baños del establecimiento.

Durante 2017, un juez les concedió la libertad debido a que no habían sido llamados a juicio, sin embargo, un nuevo proceso judicial por parte de la Fiscalía los envió de nuevo a un centro carcelario.

Redacción: Fusagasugá Noticias – Con datos de Caracol Radio